La declaración institucional, expuesta por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, defiende que el Ejecutivo fortaleció os instrumentos institucionales contra la violencia de género, gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al Anteproyecto de Ley de violencia vicaria y las iniciativas dirigidas a garantizar la protección de menores en el entorno digital.

El texto, cerrado por los ministerios de Igualdad; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia, reafirma la “fuerte convicción y el compromiso” del Gobierno con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y con la garantía de su plena autonomía.

La protección de los derechos de las mujeres sigue siendo un “reto pendiente a escala global”, según se recoge en el texto, y se evidencia en el contexto internacional marcado por la persistencia de “desigualdades” de género, por el retroceso de derechos en algunos países· y por el impacto especialmente grave que los conflictos armados siguen teniendo sobre las mujeres y niñas.

Entre otras cosas, la declaración recuerda que la situación en Afganistán es un ejemplo “alarmante”, donde se restringieron derechos fundamentales de mujeres. Al mismo tiempo, el texto señala que la guerra en Ucrania y el genocidio de Palestina ponen de manifiesto cómo los conflictos “agravan las condiciones de vida de las mujeres y profundizan las desigualdades existentes”.

El Gobierno está “firmemente alineado” con el impulso de políticas feministas y, como subraya la declaración institucional, la “revalorización de las pensiones contribuyó a mejorar la protección económica de millones de mujeres, especialmente de aquellas que accedieron al sistema en condiciones más desfavorables”.

La declaración también recuerda que, en el ámbito laboral, las políticas impulsadas, como la reforma laboral, favorecieron una reducción de la temporalidad promoviendo trayectorias laborales “más estables”, mientras que el incremento sostenido del salario mínimo interprofesional tuvo un impacto “especialmente positivo en sectores feminizados”.

Asimismo, la extensión de los planes de igualdad y la ampliación de los permisos por nacimiento contribuyen a “mejorar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral”. El Gobierno también ensalza los avances feministas logrados mediante la legislación aprobada en el ámbito de la ciencia.

Por otro lado, la declaración enfatiza el fortalecimiento de los instrumentos institucionales contra la violencia machista que permitirán progresar en la prevención y protección frente a nuevas formas de violencia. Igualmente, el Ejecutivo destaca la mayor especialización de los órganos judiciales en violencia de género, mejorando la atención a las víctimas y la eficacia de la respuesta institucional.

Así pues, la declaración marca un objetivo, el de “seguir avanzando en corresponsabilidad y estabilidad laboral”, lo que es “indispensable” para la igualdad efectiva, así como avanzar en un sistema público de cuidados: “No podemos aceptar que los cuidados sigan penalizando de forma sistemática la trayectoria profesional de las mujeres”, refleja el documento.

En ese sentido, la declaración asegura que “ninguna sociedad puede considerarse plenamente democrática mientras la mitad de su población siga encontrando obstáculos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad”.

De este modo, Ana Redondo, recordó que la igualdad de género no es solo una cuestión de justicia, sino es una “condición esencial para el progreso colectivo, para la calidad de las instituciones y para la fortaleza de la convivencia”.

En su caso, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aportó algunos datos sobre el empleo entre las mujeres y destacó que febrero terminó con 10,3 millones de afiliadas, acumulando 13 meses consecutivos por encima de los diez millones, y representan más del 47% del total de afiliados.

Saiz incidió en que la brecha de género en tasa de empleo se ha reducido un 14% desde 2018 y con la reforma laboral de 2021 la afiliación femenina ha crecido en 3,4 puntos porcentuales más que lo que ha crecido la de los hombres. Las mujeres trabajan “en mejores condiciones”, pues sus bases de cotización han crecido casi en 26% desde 2019.