El objeto que persigue el texto legislativo es estabecer una regulación clara del uso de la firma electrónica que recogerá un conjunto de datos que permitirán la identificación del usuario y tendrá el mismo valor jurídico de la firma manuscrita, teniendo validez como prueba en juicio.

El Real Decreto-Ley, que viene a llenar el vacío legal existente en la materia, dará mayor seguridad a las comunicaciones y, en especial el comercio electrónico a través del ordenador.

El ciudadano, a través de la firma electrónica, podrá realizar transacciones econóicas y relacionarse con la Administración con la máxima eficacia jurídica.

Esta medida posibilitará que a través del ordenador se puedan obtener documentos como el carnet de conducir, pasaporte, certificados de nacimiento, de penales, etc..., sin salir del domicilio.