Esto permitirá crear espacios experimentales acotados y seguros donde testar proyectos piloto que requieran, para su ejecución, alguna exención regulatoria en el ámbito del sector eléctrico.

La norma desarrolla el marco general de los bancos de pruebas en lo que se refiere a los requisitos que han de cumplir los proyectos para acceder a ellos: cómo se articula el acceso y el desarrollo de las pruebas, o cómo pueden participar otros agentes distintos del promotor del proyecto, entre otros aspectos. También establece un sistema de seguimiento de las pruebas, supuestos de cese y suspensión, y cuestiones relativas al aprendizaje regulatorio derivado de estas iniciativas.

Algunos ejemplos de proyectos piloto que se presentaron a la Manifestación de Interés específica lanzada por el Ministerio de Transición Ecológica sobre 'sandboxes' son los agregadores energéticos, que servirían para la transposición de la Directiva de mercado interior; el almacenamiento, para adaptar la regulación a las necesidades y asegurar un modelo de negocio económicamente viable; y los mecanismos de flexibilidad para el sector eléctrico, que, específicamente, podrían ser servicios de gestión de la demanda.

La aprobación de este real decreto permite cumplir con lo establecido en la reforma 4 del componente 8 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 'Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento”.

Podrán acceder al 'sandbox' aquellos proyectos piloto que requieran al menos una exención en la regulación del sector eléctrico y cuyo objetivo final sea dar lugar a una innovación regulatoria. Deberán tener carácter limitado en cuanto a volumen, duración y ámbito geográfico; garantizar la ausencia de riesgos para el sistema eléctrico; asegurar la protección de los consumidores; y cumplir el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.

El acceso al banco de pruebas se convocará por orden ministerial y constará de dos fases: una primera de evaluación previa de los proyectos, y una segunda en la que los promotores admitidos deberán suscribir un protocolo de pruebas con el ministerio, en cooperación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que contendrá las normas y condiciones concretas para cada proyecto piloto.