Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública señalaron que la sentencia del TJUE “es meramente aclaratoria” y, por tanto, no afecta a la normativa nacional ni impone ningún tipo de sanción a España.

“El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra”, explicaron desde la cartera de Óscar López.

Función Pública también recordó que la doctrina del Tribunal Constitucional español es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo. El acceso al empleo público en España se basa en los pilares constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Asimismo, defendieron que el Gobierno ha trabajado en estas últimas legislaturas de Pedro Sánchez para resolver estos problemas, con la aprobación de una ley en 2021 para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas, que contó con el visto bueno de la Comisión Europea. Función Pública garantizó que, gracias a esta normal, la tasa de temporalidad se ha reducido seis puntos, de un 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad.

“Nunca antes se había hecho una reforma tan profunda contra la temporalidad en el sector público”, recalcaron desde Función Pública y agregaron que estos avances se han logrado con límites claros a la temporalidad, controles, responsabilidades y procesos masivos de estabilización.

Por otro lado, el Gobierno recalcó que ha cumplido con el objetivo comprometido con la Comisión Europea en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de cubrir al menos con trabajadores fijos 300.000 plazas en los tres niveles de la Administración que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales. Con datos actuales, las plazas estabilizadas ascienden a 419.756.

Esto se ha logrado gracias a “las ofertas masivas de empleo”, que han convocado, de media, 32.522 plazas de empleo público al año entre 2018 y 2025. Desde Función Pública contrapusieron esta apuesta con “los recortes de la etapa anterior del PP, que lastraron durante años a una Administración envejecida y en proceso de jubilación masiva”.

Pese a este refuerzo del empleo público, Función Pública avisó de que “la Administración no puede cerrar servicios esenciales, no puede dejar de prestar servicios”, por lo que “ante carencias de personal va a requerir acudir a figuras temporales”.

La cartera también precisó que el problema del exceso de trabajadores temporales afecta en concreto a Comunidades Autónomas y entidades locales, con tasas del 40% y 36% de empleados eventuales, respectivamente. Esto se debe a que los sectores educativo y sanitario, que son de su competencia, son los que concentran las mayores tasas de temporalidad.

La Administración General del Estado (AGE) solo tiene el 4,7% de sus trabajadores con un contrato eventual.

El Ministerio admitió que España arrastra este problema de abuso de la temporalidad en el sector público desde “hace décadas” y avisó de que todavía “queda trabajo por hacer”. Para ello, el Gobierno ha propuesto incluir medidas adicionales en el proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal y en la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, ambas en tramitación parlamentaria.