Así lo expone la declaración institucional aprobada este martes por el Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebrará el próximo sábado.

El texto recoge que, en un “contexto global marcado por el resurgimiento de narrativas excluyentes” y por “el incremento de los discursos de odio”, “solo” con la idea de “ser inequívocamente antirracistas” se podrá consolidar una democracia “más fuerte, una convivencia basada en el respeto y una sociedad donde la diversidad sea reconocida como un valor y no como un motivo de exclusión”.

El documento, elaborado con aportaciones de los ministerios de Igualdad; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, reafirma el compromiso del Gobierno con la erradicación del racismo, con especial énfasis en el racismo estructural, y de la discriminación racial o étnica.

La “prioridad” de este Gobierno es la “promoción activa de los valores de igualdad, tolerancia, respeto y convivencia, pilares fundamentales de una sociedad más justa”, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes, y acceder a las mismas oportunidades “sin distinción alguna”.

En la declaración se refleja la necesidad de redoblar los esfuerzos institucionales y de reforzar los mecanismos de prevención, detección y sanción, ante el creciente aumento de los delitos de odio y su traspaso a los entornos digitales.

Por ello, en el documento se recoge también la exigencia de seguir fortaleciendo la cooperación con las plataformas digitales y se apunta a su responsabilización en esta materia. Sobre todo, porque estos delitos de odio menoscaban la convivencia democrática y los valores constitucionales, según se subraya en el texto.

Asimismo, la declaración institucional destaca que la protección de las víctimas y la puesta en marcha de mecanismos adecuados de denuncia y la lucha contra la todavía mayoritaria infradenuncia constituyen también líneas prioritarias de acción a desarrollar.

En ese sentido, la declaración pone en valor el servicio 021, número oficial del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, gestionado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre), adscrito al Ministerio de Igualdad, destinado a la atención a víctimas de racismo.

Se trata de un servicio que es gratuito y que se ha reforzado en los últimos años para ampliar la cobertura territorial y horaria, así como la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato.