Así lo explicó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde señaló que es un “reconocimiento de justicia”. Además, apuntó que “se trata” de “corregir” la “discriminación” que sufren trabajadores y trabajadoras de hogar “en sus condiciones laborales y en algunos casos también en sus derechos”.

El convenio define tanto este tipo de empleo como los derechos que se deben garantizar a las personas que realizan esta labor en el ámbito del hogar, entre ellos, la protección por desempleo.

Precisamente, hace algunas semanas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara “” discriminatoria” la legislación española que excluye a los empleados de hogar de la prestación por desempleo, al perjudicar especialmente a las mujeres, ya que son la mayoría del colectivo.

El Gobierno ha explicado en reiteradas ocasiones que se está trabajando para corregir esta situación, pero también otras “discriminaciones” que sufren las empleadas de hogar.

GRAN AVANCE

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, resaltó que “estamos ante un gran avance” en el que este Ministerio lleva trabajando desde que comenzó la legislatura.

“Es una cuestión de justicia, y algo más: el cumplimiento de nuestros compromisos y la confirmación de que el camino de los derechos laborales, emprendido por este Gobierno, ya nunca más dejará atrás a las trabajadoras del hogar”, añadió Díaz.

El departamento dirigido por Yolanda Díaz informó de que los ajustes legislativos que exige la norma internacional, tras su ratificación, se encuentran ya en proceso.

CONTENIDO

El artículo 6 de dicho Convenio recoge que “el Estado que lo ratifique deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad”.

Además, “reconoce la importancia de la contribución del trabajo doméstico a la economía mundial, pese a lo cual es objeto de infravaloración y afecta a un colectivo especialmente vulnerable, sobre todo mujeres y niñas y personas migrantes, que es objeto de discriminación con respecto a las condiciones de empleo, por lo que se requiere complementar las normas de ámbito general con otras específicas que permitan el pleno ejercicio de sus derechos a los trabajadores domésticos”.

Las personas trabajadoras deberán ser informadas sobre las condiciones de empleo de forma “adecuada, veraz y comprensible”, priorizando el contrato escrito, al tiempo que regula la igualdad de trato con el resto de las personas trabajadoras en general en cuanto a descansos y vacaciones.

Asimismo, el Convenio determina que la legislación nacional contemple que los y las trabajadoras domésticas migrantes que sean contratados en un país para prestar servicio en otro reciban por escrito una oferta de empleo antes de cruzar la frontera, así como que regule las condiciones de repatriación de los trabajadores domésticos migrantes al fin de su contrato, y se asegura la libertad de los trabajadores para alcanzar acuerdos con el empleador sobre su residencia en el hogar de trabajo, los periodos de descanso y la conservación de sus documentos de viaje e identidad.

En cuanto a la remuneración, se estipula la percepción del salario como mínimo una vez al mes, limitando la remuneración en especie.

Se trata del cuarto convenio de la OIT que ratifica España después del Convenio 2 sobre el desempleo, Convenio 136 sobre el benceno, Convenio 162 sobre el asbesto y, más recientemente, el Convenio 188 sobre el trabajo en la pesca.

DATOS

Según los datos del mes de marzo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el total de personas afiliadas en el régimen de empleados de hogar es de 378.466.

Además, el Ministerio de Trabajo y Economía Social habilitó durante la pandemia, por primera vez en la historia, un subsidio que daba cobertura por desempleo para las empleadas de hogar. “Pese a las dificultades para materializarse por las particularidades de afiliación especial y de cotización de este colectivo, llegó a más de 44.000 trabajadoras”, valora Trabajo.

Por otra parte, en el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han puesto en marcha dos campañas específicas para regularizar tanto los salarios como las cotizaciones de este colectivo y adaptarlos a las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En la primera de ellas, en 2021, más de 32.000 empleadas de hogar vieron mejoradas sus condiciones retributivas y laborales, con regularizaciones de sus cotizaciones. En la actual campaña, todavía en curso, se han regularizado ya las percepciones de otras 17.000 empleadas.