“Respetamos siempre todas las sentencias judiciales”, valoró el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en los pasillos del Congreso tras conocer la noticia.

Álvarez estaba condenada por un delito continuado de prevaricación, por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias.

Según informó el Constitucional, la sentencia considera que los órganos judiciales han realizado una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal garantizado en el artículo 25.1 de la Constitución.

Por ello, reclama a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004.