Fuentes del Ejecutivo indicaron que respetan la decisión y consideraron que “la vía judicial previa no está agotada ante el Tribunal Supremo”. Consideraron que la decisión del Pleno del órgano de garantías constitucionales se limita a “motivos procedimentales y no aborda el fondo de la cuestión, como no lo ha hecho tampoco el TS”.

Por ello, el Gobierno continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto, “el derecho más sagrado en democracia, tal y como establece la Constitución”, apostillaron. En consecuencia, el Gobierno confía en que “la decisión definitiva deje claro que no se puede suspender el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado y que no puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos”.