Rodríguez hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado esta mañana en el Palacio de la Moncloa cuando se le preguntó por el auto dictado por el juez del Supremo Manuel Marchena, que presidió el tribunal que condenó a los políticos independentistas y que ayer rebajó algunas de las penas tras la reforma legal acometida por PSOE y Unidas Podemos a finales del año pasado.

El auto del Supremo incluye algunas reflexiones sobre la modificación legislativa impulsada desde el Ejecutivo a través de sus grupos parlamentarios y reprocha especialmente que la supresión del delito de sedición no puede sustituirse por el nuevo delito de desórdenes públicos, ya que no encaja plenamente en esta tipificación.

La portavoz del Gobierno manifestó su “respeto” hacia el pronunciamiento del Supremo y su resolución y aprovechó que en ella se ratifican la mayoría de las condenas para recordar que La Moncloa había sostenido desde el principio “que no se producía una despenalización de los hechos” delictivos cometidos por los independentistas.

Rodríguez insistió en que “siguen existiendo penas y condenas y se tienen que cumplir”, sin perjuicio de que el Gobierno haya impulsado una reforma legal que suprime el delito de sedición, insistió, con el objetivo de “homogenizar penas” con otros países europeos y así “facilitar procesos de extradición” como el de Carles Puigdemont.

Dentro del Palacio de la Moncloa no han sentado bien los comentarios que el Tribunal Supremo esgrime en el auto sobre la reforma del Código Penal, aunque públicamente nadie hace comentarios. En el Ejecutivo esperaban que los jueces actuaran igual que ellos cuando no gusta una sentencia y se limitarán a respetar y aplicar la decisión del Poder Legislativo.

Algunos cargos destacados reconocen que les ha causado sorpresa que el auto del Supremo incluya reflexiones sobre la reforma legal acometida en el Parlamento, que sitúan en el ámbito de la política y consideran esos pronunciamientos como algo impropio de los tribunales.

Rodríguez defendió la tesis del Gobierno de que “hay herramientas en la política que evitan los hechos” que se produjeron en 2017 con un referéndum ilegal de independencia que habían prohibido expresamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

No obstante, miró más allá del aspecto legal para incidir en que “con el diálogo hemos conseguido normalizar las relaciones” con la Generalitat de Cataluña y “recuperar los afectos entre catalanes y con el conjunto de los españoles”. “Nosotros no queremos mirar atrás”, añadió para evitar entrar en el debate sobre si la nueva normativa sería capaz de evitar que los separatistas repitan aquel desafío al Estado.

“La Cataluña de entonces no tiene nada que ver con la Cataluña de hoy y hablamos de cosas muy distintas”. “No creo que se pueda volver a ese escenario”, añadió para presumir de que las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat se han reconducido en parte, aunque los partidos separatistas catalanes siguen insistiendo en que lo volverían a hacer e insisten en reclamar la autodeterminación para su comunidad.

Rodríguez abogó por “evitar la judicialización” en caso de que se vuelva a repetir una situación parecida, convencida de que “los problemas de la política hay que solucionarlos desde la política”. Pero, de no conseguirse, subrayó que “el Estado cuenta con instrumentos” en el Código Penal y en la Constitución para actuar. “El ordenamiento jurídico está protegido pero los problemas de la política hay que solucionarlos desde la política”, remachó.