Así lo señaló la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en su comparecencia en el Congreso, en donde abordó las principales líneas del nuevo Ministerio creado esta legislatura con el objetivo de consolidar lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez viene llamando “el quinto pilar del Estado de bienestar”.

Rodríguez destacó que existen “algunas dificultades” en el desarrollo urbanístico en España y, en consecuencia, “distintos instrumentos de planeamiento por las distintas administraciones por los problemas de anulaciones de éstos”.

Por ello, dijo que tiene la “responsabilidad de adaptar y mejorar este marco normativo vigente”, una demanda que se volvió a poner de manifiesto en la Conferencia Sectorial de la semana pasada. “Vamos a reactivar esta reforma legislativa para dotar de estos instrumentos de estabilidad, de certeza y de seguridad jurídica porque estos planes políticos y territoriales van a ser una herramienta imprescindible en el desarrollo de todo el parque nuevo de vivienda”, adelantó.

En diciembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la reforma en primera lectura y el objetivo era culminar la aprobación a lo largo de 2023. La entonces titular de las competencias de Vivienda, Raquel Sánchez, señaló en aquel momento que se pretendía "actualizar" el planeamiento urbanístico y territorial, y "simplificar la burocracia" sin generar "merma alguna de la seguridad jurídica y del interés general".

La ministra explicó que el Ejecutivo pretendía dar un "impulso" a las políticas de vivienda y "evitar la paralización" del planeamiento territorial que se ha producido "durante años" en numerosos municipios "por defectos menores que son fácilmente subsanables".

CONSEJO ASESOR

Asimismo, la ministra de Vivienda adelantó que va a llevar al Consejo de Ministros en el primer semestre del año la creación del Consejo Asesor de Vivienda, al que invitó a sumarse a los sindicatos en la reunión que mantuvieron esta semana, y el Consejo de Calidad de la Arquitectura con el objetivo de avanzar “en una mayor participación en el diseño de políticas públicas”.

El Ministerio de Vivienda también creará una dirección general dedicada a la gestión de datos y estadísticas porque sobre esta cuestión, según Rodríguez, hay multitud de datos e informes, pero “hemos de manejar esos datos no desde el ámbito privado, sino desde lo público, porque solo cuando los datos públicos se manejan con interés general sirven a la causa general”.

“Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todas las administraciones. He podido compartirlo también con administraciones locales y autonómicas por, como también mandata la Ley de Vivienda, aportar mayor transparencia a las políticas de vivienda a la situación del mercado y que eso nos sirva para una mejor planificación”, indicó la ministra.

Por último, adelantó que en el segundo semestre del año el Ejecutivo comenzará a trabajar en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029.