Dado que las prácticas formativas suelen hacerse en el segundo o tercer trimestre de los cursos, la nueva fecha no afectará negativamente a los alumnos y permitirá, además, facilitar los trabajos técnicos de adaptación de los centros formativos, explicaron desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A juicio del Ministerio, esta medida, acordada en el diálogo social y recogida en el último bloque de la reforma de pensiones, es “muy relevante” para los estudiantes ya que permitirá su inclusión en la Seguridad Social desde el primer momento de su vida profesional, independientemente de que las prácticas sean o no remuneradas.

Además, será a coste prácticamente ‘cero’ ya que se prevén bonificaciones del 95% al 97%.

Por otra parte, se ha ampliado de dos a cinco años los convenios especiales para poder computar como cotizados períodos de prácticas realizadas con anterioridad.

Ante esta decisión, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, subrayó que este retraso es “un incumplimiento flagrante” de los pactos alcanzados en el diálogo social y en el ámbito parlamentario.

“Supone una cesión inaceptable a presiones del ámbito educativo y académico que de manera lamentable vienen intentando evitar este nuevo derecho por razones injustificables. No hay razones económicas, no hay razones de gestión que justifiquen una medida de estas características”, denunció el representante sindical.

En su opinión, “el propósito final es que el Gobierno de España, sea este o uno nuevo, no cumpla con este compromiso aprobado y por tanto, dilatar la entrada en vigor para permitir que este nuevo derecho se elimine”.

Finalmente, Bravo emplazó a todos los partidos que se presentan a las elecciones del 23 de julio a que se comprometan con que este nuevo derecho se haga finalmente efectivo.

Esta medida se adopta al margen del Estatuto del Becario, pactado hace dos semanas entre Yolanda Díaz y los sindicatos CCOO y UGT con el rechazo de la CEOE. Por el momento, el Estatuto no tiene fecha de aprobación en Consejo de Ministros y fuentes del ala socialista explicaron que el texto está todavía “muy verde”, pues no cuenta con el consenso de la comunidad universitaria ni de la patronal.