El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana explicó que los adjudicatarios de la licitación se encargarán de gestionar los diferentes lotes de viviendas irá poniendo a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible.

Asimismo, la licitación incluirá numerosos requisitos para garantizar la excelencia y la sensibilidad social en la prestación del servicio, tales como la experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social.

El Ministerio indicó que se ejecutará una una gestión de vivienda asequible "desde el compromiso social, y no solo atendiendo a criterios económicos". De hecho, indicó que uno de los servicios consistirá en la prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda.

"Así pues, se pone el acento en la solvencia técnica y de experiencia acreditada en la gestión de vivienda adscritas a un programa específico de vivienda de alquiler asequible o de vivienda social, por lo menos durante un año de los últimos tres", señaló el Ministerio de Vivienda.

PENALIZACIONES Y BONIFICACIONES

Por otra parte, el Ministerio indicó que, para garantizar la calidad del servicio, Sepes ha diseñado además un sistema de penalizaciones y bonificaciones orientadas a maximizar la calidad del servicio prestado a las personas inquilinas.

Este sistema establece penalizaciones cuando los niveles del servicio incumplan los plazos fijados por la Entidad para la ejecución de los trabajos, como la resolución de incidencias en las viviendas; y se bonifican altos niveles de calidad, como por ejemplo la alta puntuación en la encuesta de satisfacción que se lanzará anualmente a las personas inquilinas.

INMUEBLES DE SAREB

Entre los inmuebles que pasarán a formar parte de esta licitación se encuentran los 20.000 que pasaron de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a Sepes en julio de este año.

Estos inmuebles, cuando pertenecían a Sareb, eran gestionados por dos grandes 'servicers' Aliseda/Anticipa -perteneciente al fondo norteamericano Blackstone- e Hipoges -entonces perteneciente al controvertido fondo israelí KKR y hoy propiedad del fondo británico Pollen Street- gracias a un contrato suscrito por el popularmente conocido como 'banco malo' con ambas entidades por un importe de 25.300 millones.