La consulta permanecerá abierta hasta el 3 de octubre. La idea del Gobierno es aprobar el decreto en Consejo de Ministros a lo largo del mes de octubre y que las ayudas puedan estar abonadas antes de final de año.

El real decreto contempla dos líneas de apoyo para zonas gravemente afectadas, que se consideran aquellas que superan las 500 hectáreas quemadas.

Por un lado, se concederá una ayuda directa a titulares de explotaciones de zonas afectadas, con un importe que se calculará en función de los ingresos declarados, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros por beneficiario.

Para quienes dispongan de seguros agrarios y hayan sufrido daños indemnizables, la ayuda mínima se eleva a 6.000 euros.

En segundo término, habrá una prestación complementaria al seguro agrario. Se incrementa la subvención de la prima hasta el 70 % del coste, el máximo que permite la normativa europea.

Podrán beneficiarse todos los titulares de pólizas de seguro agrario combinado en líneas agrícolas y ganaderas con cobertura frente a accidentes y enfermedades, así como en la línea de retirada y destrucción de animales muerto

Las ayudas se tramitarán de oficio, a partir de los datos ya obrantes en la administración, sin necesidad de que los interesados presenten solicitud ni documentación adicional, aunque podrán renunciar si lo estiman oportuno.

Estos subsidios serán compatibles con las indemnizaciones del seguro agrario, las medidas de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.

Durante una visita este jueves a una granja de vacuno en Tremor de Arriba (León), afectada por el fuego, el ministro Luis Planas defendió que todas las Administraciones aporten sus dineros de forma simultánea para el socorro de las explotaciones quemadas. “Esto no es una competición política. Es un servicio que debemos rendir a nuestros agricultores y ganaderos”, señaló Planas.