Según el anuncio de licitación publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el tiempo de duración del contrato será de un año a partir de la fecha de formalización de este. Además de la atención telefónica en el 021, este servicio debe prestarse por otros canales de atención como 21 oficinas para la atención presencial y un buzón y un formulario web para la atención online. El servicio incluye asesoramiento jurídico a las víctimas (sin representación judicial), derivación a recursos sociales, mediación y seguimiento.

Para la ejecución del contrato, tendrán que haber 21 oficinas fijas (una por comunidad autónomas, dos en Andalucía y Canarias) y la posibilidad de oficinas itinerantes y móviles. El horario de atención del servicio por teléfono será de 09.00 horas a 21.00 horas todos los días, de manera presencial durante 37,5 horas semanales (mañanas y tardes) y de forma ininterrumpida durante las 24 horas en las respuestas online.

En el pliego del contrato presentado por Igualdad se expone que el equipo mínimo que debe haber ofreciendo el servicio es de un coordinador y un adjunto, dos asesores legales, 29 técnicos y un auxiliar administrativo.

Todos ellos deben cumplir con diferentes obligaciones tales como guardar la confidencialidad de la información, la protección de datos, realizar informes periódicos sobre su trabajo y hacer reuniones de seguimiento, generar informes mensuales y las memorias anuales y final de su trabajo

Además, la empresa adjudicataria deberá elaborar y mantener actualizada la base de datos para el seguimiento de casos, incluyendo los casos iniciados, resueltos y en tramitación, el número de llamadas recibidas y otras consultas atendidas por las tres vías disponibles; y generar informes mensuales y las memorias anuales y final de su trabajo.

Asimismo, la empresa deberá garantizar que toda la información cumpla con la normativa de protección de datos. Todos estos productos deberán presentarse a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación (DGIT), que es el órgano supervisor.