La oferta del Gobierno para un periodo de cuatro años es algo inferior al 9,8% pactado y ejecutado durante el trienio 2022 y 2024, y resultó “inaceptable” para los sindicatos, al entender que no sirve para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos.

Las organizaciones sindicales esperaban un porcentaje algo más generoso por parte del Ejecutivo, sobre todo después de que actualizara las proyecciones de crecimiento económico al 2,9% para 2025 y de que la recaudación esté en niveles récord.

Sin embargo, se encontraron con ese 10% repartido entre 2025 y 2028. De esa cifra, la subida para 2025 y 2026 está limitada a un 4%, mientras que el 6% restante debería repartirse en los dos ejercicios siguientes, sobre todo en 2027.

La mejora retributiva abarca desde 2025 porque, a poco más de un mes para acabar el año, los trabajadores públicos desconocen todavía cuál será el aumento salarial que recibirán, ya que el anterior acuerdo expiró a finales de 2024 sin que se actualizara la cifra de este ejercicio.

MARGEN DE NEGOCIACIÓN

A pesar de la negativa inicial, los sindicatos reconocieron que existe margen para negociar con el Gobierno y acudirán a la reunión de hoy confiados en que la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, haya tomado nota de las reivindicaciones de los trabajadores.

Fuentes de Función Pública aseguraron que se comprometían a estudiar los planteamientos presentados por las organizaciones sindicales.

Además, en la reunión de hoy, también se espera más precisión en las cantidades, después de la reunión de Función Pública con Hacienda durante la tarde del miércoles.

Aunque no desvelaron ninguna cifra, UGT comentó que acudirán a la cita con “cálculos en línea con lograr subidas salariales que permitan contrarrestar la inflación”. En CCOO tampoco dieron una horquilla de subida y esperan “expectantes” la nueva oferta del Gobierno.

En CSIF, reclaman una subida que recupere y garantice el poder adquisitivo de los empleados públicos. El sindicato, que no firmó el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, estima que desde 2022 los trabajadores públicos han perdido un 8% de poder de compra, y acumulan casi un 20% desde los recortes de 2010.

Para este sindicato, también resulta necesario revisar al alza las cuantías económicas vinculadas al complemento de residencia e insularidad, así como las cuantías por razón de servicio (manutención y alojamiento).

HUELGA GENERAL

CCOO, UGT y CSIF consiguieron arrancar las negociaciones con Función Pública a raíz de una movilización ante la sede del Ministerio, en Madrid, en la que les recibió Sánchez Naranjo, que sustituía en el cargo a Clara Mapelli.

Esa concentración iba acompañada de la promesa de una huelga general en las Administraciones Públicas, prevista para diciembre, si no se convocaba la mesa de negociación con Función Pública para tratar la subida salarial y cerrar las cuestiones pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2022-2024.

Con el inicio de las negociaciones, la huelga pasó a segundo plano, pero tras el primer choque por los salarios, la amenaza vuelve a estar ahí, sobre todo por parte de CCOO.

“Si no hay una propuesta económica justa y el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, se retomará la huelga general en las Administraciones Públicas en el mes de diciembre”, avisaron el miércoles en un comunicado.

El sindicato insistió en que es “imprescindible” cerrar la parte incumplida de ese Acuerdo, como la jubilación parcial del personal funcionario y estatuario, la recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral, la clasificación profesional de Técnicos Superiores y Medios, la jornada de 35 horas semanales, la carrera profesional o el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).

Por su parte, UGT no descarta el escenario de huelga general, pero por el momento prefiere seguir trabajando en la mesa mientras la negociación siga en marcha.