El desahucio de Maricarmen Abascal el pasado miércoles en Madrid ha redoblado la presión sobre el Ejecutivo para aprobar el decreto de vivienda, lo que ha llevado a Sumar a exigir al PSOE que no espere a cerrar una mayoría parlamentaria y apruebe el decreto el martes “sí o sí”.

El Ejecutivo mantiene, sin embargo, los contactos con las distintas fuerzas políticas antes de tomar una decisión. Fuentes gubernamentales señalaron esta semana que todavía no estaba decidido si la norma llegaría al próximo Consejo de Ministros y explicaron que volverían a tantear a los grupos para conocer su disposición a respaldarla.

El principal problema continúa siendo encajar las posiciones de Junts y Podemos, cuyos votos necesita el Gobierno para construir una mayoría y que mantienen planteamientos difícilmente compatibles en materia de vivienda. Los de Carles Puigdemont reclaman medidas favorables a los propietarios, mientras Podemos apuesta por una mayor intervención del mercado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vinculó esta semana el desahucio de Maricarmen con la necesidad de desbloquear la norma y aseguró desde Nueva York que “si este decreto se hubiera aprobado antes de verano, casos como el de Maricarmen no habrían sucedido”.

“El Gobierno va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero pido altura de miras para sacar adelante este decreto de la vivienda”, afirmó Sánchez, quien reclamó “la ayuda del Parlamento” para impedir que vuelva a producirse un caso similar.

SUMAR EXIGE APROBARLO EL MARTES

Sumar elevó este sábado la presión sobre el PSOE y amenazó con “plantarse” si el decreto de vivienda no se aprueba en el Consejo de Ministros del próximo martes. En un comunicado conjunto, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns advirtieron de que harán “lo que sea necesario” tanto política como institucionalmente para que la norma salga adelante.

“Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta”, avisaron las formaciones, en referencia a la negativa de los ministros de Sumar a entrar hace seis meses en un Consejo de Ministros para forzar la aprobación del decreto que incluía la prórroga de los alquileres.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, calificó esta semana el desahucio de Maricarmen de “punto de inflexión” y recalcó que el decreto “tiene que ir sí o sí” el martes. Asimismo, defendió que, si los grupos contrarios a las medidas vuelven a rechazarlas en el Congreso, deberán afrontar “la presión social” por su decisión.

También la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, exigió que el decreto y la expropiación sean aprobados “el martes que viene, sí o sí”, mientras el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, advirtió de que el Ejecutivo “se juega su credibilidad y su misma existencia” si no es capaz de abordar el problema de la vivienda.

Los partidos de Sumar rechazaron este sábado que el Ejecutivo responda con “parches” o “medidas descafeinadas” y exigieron que el paquete incluya reformas “efectivas e integrales”. “Sin excusas ni rebajas”, concluyeron.

JUNTS Y PODEMOS

El Gobierno necesita especialmente resolver el choque entre Junts y Podemos para que el decreto pueda superar posteriormente su convalidación en el Congreso.

Junts confirmó esta semana que hace dos semanas entregó directamente a Sánchez un real decreto ley con sus propuestas para afrontar la crisis de vivienda y aseguró que, después de “meses de bloqueo”, el PSOE las está estudiando.

La formación de Carles Puigdemont considera que sus medidas pueden reunir el respaldo suficiente en el Congreso y está a la espera de una respuesta del Gobierno. Entre sus planteamientos figuran medidas fiscales como desgravaciones para propietarios e inquilinos.

En el otro lado se encuentra Podemos, cuyos votos son también necesarios para construir la mayoría. La formación de Ione Belarra ha defendido una mayor intervención pública del mercado de la vivienda y se ha mostrado contraria a introducir incentivos fiscales a propietarios, uno de los planteamientos defendidos por Junts.

PROTECCIÓN FRENTE A LOS DESAHUCIOS

El borrador del decreto al que tuvo acceso Servimedia en julio pretende reforzar la protección de las personas vulnerables frente a los desahucios y obligar a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a informar a los juzgados de los recursos habitacionales disponibles.

El texto establece que, cuando una persona sea declarada vulnerable mediante un informe de los servicios sociales, el tribunal requerirá a las administraciones autonómica y local para que informen sobre los recursos disponibles y los ofrezcan.

Si las administraciones no responden o comunican que carecen de esos recursos, el tribunal suspendería el procedimiento hasta que se garantizara una alternativa habitacional “razonable”.

Esta protección se aplicaría también a procedimientos que estuvieran en marcha cuando entrase en vigor la norma, siempre que todavía no se hubiera producido el lanzamiento, incluso en aquellos casos en los que ya hubiera una sentencia.

El borrador contempla asimismo que la comunidad autónoma asuma la compensación al propietario durante la suspensión cuando este sea una persona física y no tenga la consideración de gran tenedor. La compensación podría cubrir rentas y suministros impagados y posibles daños en el inmueble.

EL PP SE OPONE

El PP responsabiliza al Ejecutivo de la situación de la vivienda y atribuye el desahucio de Maricarmen al “fracaso absoluto” de las políticas desarrolladas por el Gobierno de Sánchez.

Los populares rechazan además que el decreto que negocia el Ejecutivo hubiera impedido ese desahucio y argumentan que el contrato original de la familia de Maricarmen databa de 1956, antes de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, y que su régimen de subrogaciones quedó posteriormente condicionado por los cambios legislativos.