Fuentes gubernamentales comentaron a Servimedia que todavía no se ha enviado la respuesta después de que el pasado 12 de septiembre se solicitara una extensión de plazo de seis semanas para responder, lo que fue autorizado por la Comisión días después, de manera que el miércoles acaba el plazo adicional dado.

La Comisión Europea comunicó el pasado 17 de julio la apertura de un procedimiento de infracción a España por incumplir la legislación europea al otorgar en las normas nacionales “facultades ilimitadas” al Gobierno para intervenir en fusiones bancarias, lo que choca con las leyes europeas, tras la decisión del Gobierno de prohibir la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell durante al menos tres años.

El procedimiento contemplaba un plazo de dos meses para responder y subsanar, y en caso de no hacerlo “satisfactoriamente”, la Comisión “podría decidir emitir un dictamen motivado” para que España cumpla con la legislación, instándole a informar a la Comisión, en un plazo de normalmente dos meses, acerca de las medidas adoptadas al respecto.

Aunque la opa ha fracasado y, por tanto, la condición del Gobierno no se aplica, el procedimiento sigue abierto, como confirmó el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, el pasado 17 de octubre porque se sostiene en que hay postulados de la ley española que van en contra de la europea e invade competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE), de los supervisores nacionales, infringe la regulación bancaria europea y la libertad de movimiento del capital.

El procedimiento se abrió, según precisó la Comisión en julio, porque España incumple el Reglamento sobre el Mecanismo Único de Supervisión y la directiva sobre requisitos de capital, así como los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El organismo considera que determinadas disposiciones de la legislación bancaria y de competencia españolas, que otorgan al Gobierno español facultades “ilimitadas” para intervenir, “vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales en virtud de la normativa bancaria de la UE”. Asimismo, considera que estas “amplias facultades discrecionales constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales”.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado recientemente que están en contacto con la Comisión para dar los “argumentos necesarios” y defender que la intervención del Gobierno está dentro de la normativa nacional y “es plenamente compatible con la legislación europea”.