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Pensiones

El Gobierno y Unidas Podemos alcanzan un acuerdo para destopar las cotizaciones máximas de las pensiones en una futura ley

MADRID
SERVIMEDIA

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos para destopar las cotizaciones máximas de las pensiones, según anunció la diputada de la formación morada Isabel Franco durante el debate en el Congreso de los Diputados del dictamen del proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, que introduce incentivos fiscales para impulsar estos planes.

Según indicaron a Servimedia fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos, con este acuerdo la formación morada se compromete a votar este jueves a favor del voto particular presentado por el Grupo parlamentario Socialista para anular las enmiendas de Unidas Podemos que la semana pasada fueron incorporadas al proyecto gracias al voto a favor por erro del PSOE.

Se trataba, en concreto, de las enmiendas 57 y 58 -sobre la eliminación de incentivos para fomentar los planes colectivos de pensiones- y la 60 -que destopa las bases máximas de las cotizaciones-.

A cambio, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se compromete a apoyar públicamente el destope a las cotizaciones máximas e introducirlo en una próxima ley.

En este sentido, fuentes del Ministerio liderado por Escrivá recordaron que el compromiso del Gobierno siempre ha sido destopar las pensiones, tal y como está recogido en el Plan de Recuperación.

El acuerdo, según las fuentes parlamentarias consultadas, fue negociado por parte de Unidas Podemos por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y su secretario de Estado, Nacho Álvarez, así como por el portavoz parlamentario, Pablo Echenique. Desde la formación morada esperan que el ministro haga público su apoyo al destope en la tarde de este jueves.

DEBATE

Durante el debate de este jueves la diputada María Mercé Perea, del grupo socialista, denunció la “demagogia” de las críticas que señalan la privatización del sistema de pensiones, ya que, recordó, el sistema es “complementario y no sustitutivo”, de forma que “el sistema público de pensiones es irremplazable”.

Así, defendió que el proyecto hace “una apuesta por el segundo pilar de aseguramiento, la previsión social derivada de la negociación colectiva”, de forma que fomenta “lo colectivo frente a lo individual”.

Por parte del PP, Jaime Olano aseguró que su partido no apoyaría el proyecto “por cuestiones de forma y fondo”, criticando el “desprecio” de Escrivá al trabajo de los grupos parlamentarios y a la Comisión del Pacto de Toledo. Así, resaltó la “irresponsabilidad” y descoordinación del Gobierno y de los partidos que lo integran y tildó de “chapuza” y “despropósito” la tramitación.

Además, criticó la ausencia de un régimen transitorio en la ley y afirmó que “está más pensada para las grandes empresas que para pymes y autónomos” y que genera “diferencias injustificables” entre los autónomos societarios y los que son personas físicas.

El diputado Pablo Sáez, de Vox, criticó que el proyecto de ley no haya sido tramitado en la Comisión del Pacto de Toledo y, posteriormente, las enmiendas de Unidas Podemos, al considerar que “destopar las cotizaciones supone elevar los costes al trabajo, con el consiguiente efecto sobre el empleo y las inversiones”. Además, denunció que el proyecto “consolida la desigualdad entre los españoles al mantener los privilegios de los territorios forales”.

Por Unidas Podemos, que votará a favor del proyecto, la diputada Isabel Franco advirtió que Escrivá “ha jugado con fuego” al traer una ley sobre planes de pensiones “sin acuerdo con el diálogo social” y “porque prefirió negociar con la derecha antes que sacar un acuerdo con la mayoría progresista”. Asimismo, indicó que su formación preferiría hablar de cómo fortalecer el sistema público de pensiones que de las pensiones privadas.

En nombre de ERC, Jordi Salvador i Duch, también comunicó el voto en contra de su formación, al considerar que este proyecto de ley “no responde a una demanda social, sino a una demanda histórica del sector financiero” y que “no garantiza el sistema público de pensiones”, sino que “inicia su privatización y empobrecimiento, desviando fondos de pensiones públicas a pensiones privadas”.

Por su parte, María Muñoz, de Ciudadanos, puso en valor la “predisposición” del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para negociar y mejorar el proyecto, e indicó el voto a favor de su tramitación tras los acuerdos alcanzados en Comisión. En este sentido, resaltó que gracias a su partido se establece en el Impuesto de Sociedades una deducción del 10% de la cuantía que las empresas destinen a los planes de pensiones colectivos de sus empleados. En cualquier caso, la diputada naranja criticó la falta de acuerdo entre los partidos que conforman el Gobierno y tildó de “carajal” y de “despropósito absoluto” la tramitación del proyecto.

Por el PNV, el diputado Iñaki Barandiaran expresó el apoyo de la formación ‘jeltzale’ al proyecto y defendió los planes colectivos y de empleo, al argumentar que la gestión no es privada, sino concertada a través de los organismos que se crean en el diálogo social, y que la norma introduce a España “en un sistema de protección homologable al resto de la UE”.

En cuanto a Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo aseguró que su formación tiene “muchas diferencias con esta ley”, al considerar que “los planes de pensiones de empresa no son el instrumento que nos van a garantizar unas pensiones dignas en el futuro”, pero indicó la abstención de su partido tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno para elevar un 15% las pensiones no contributivas.

El diputado Albert Botran, de la CUP, anunció su voto en contra, al argumentar que el proyecto es “un peligro” para el sistema público de pensiones al situarse en “el marco establecido por el neoliberalismo” de que “no hay dinero para pensiones y que el sistema público es insostenible”. Así, defendió que las pensiones no son “un conflicto entre generaciones, sino entre clases”, y que “el problema no son los jubilados” sino “el paro y el empleo precario” que causan bajas cotizaciones.

Por parte de Compromís, Joan Baldoví se mostró en contra del proyecto, al criticar que no es lo que demandan los pensionistas y que, para beneficiar a empresas y particulares de grandes rentas, el proyecto supone “abrir la caja de pandora de la privatización de la Seguridad Social”.

(SERVIMEDIA)
09 Jun 2022
IPS/KRT/mjg