De acuerdo con una resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, la convocatoria de 2025 de estas ayudas para ser juez o fiscal ha escogido a 22 nuevos beneficiarios y reservado seis plazas más para opositores que ya disfrutaron de la ayuda tres años consecutivos.

En total, solo una veintena de los seleccionados acreditó el nivel C1 de euskera, requisito que en la baremación vale hasta 15 puntos, el mismo máximo que se reserva a quienes presentan un expediente de notable, y que la Consejería considera clave para dotar de jueces y fiscales bilingües a la Administración vasca.

El texto oficial, recogido por Servimedia, precisa que los aspirantes con C1 reciben 15 puntos, los de B2 un total de 10 puntos y los del B1 cinco, mientras que la nota académica puede sumar hasta 35 y la situación económica 45. Este reparto, subraya la Viceconsejería, pretende "favorecer la igualdad de oportunidades" y "garantizar un servicio público en las dos lenguas oficiales".

20.000 EUROS AL AÑO

Los opositores debían demostrar residencia efectiva de cinco de los últimos siete años en Euskadi, aportar la titulación en Derecho y no percibir ingresos superiores a 20.000 euros netos anuales. También se exigió estudiar con preparadores que pertenezcan a la carrera judicial, fiscal o al cuerpo de letrados, sin compatibilizar otra beca similar.

Cada ayuda equivale a 550 euros mensuales y se paga durante la primera semana de cada mes entre enero y diciembre de 2025. El Ejecutivo autonómico consignó 264.000 euros en los presupuestos para este programa, cuyo objetivo, indicó la resolución, es "incrementar la presencia de profesionales con competencia lingüística" en los órganos judiciales vascos.

Para controlar el gasto, los beneficiarios tendrán que presentar cada cuatrimestre una memoria detallada de los desembolsos, un certificado del preparador y las facturas correspondientes. El incumplimiento de las condiciones, advirtió el Departamento, implicará el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas "según determine la Dirección de Administración de Justicia".

PLAZAS SIN CUBRIR

Pese a que la orden reguladora preveía un máximo de 40 becas, la Viceconsejería solo pudo adjudicar 28 y dejó otras seis en lista de espera para antiguos perceptores que optan a un cuarto año, de modo que seis ayudas quedaron vacantes al no haber suficientes aspirantes que reunieran los requisitos académicos, económicos y lingüísticos.

El documento oficial reconoció exclusiones por falta de documentación o por no cumplir la base cuarta, que exige "no percibir retribuciones por actividad laboral que exceda de la media jornada". Dos solicitantes quedaron fuera por incumplir requisitos, mientras que otras dos jóvenes renunciaron voluntariamente antes de la resolución final.

En paralelo, la orden que prepara las becas de 2026, avanzada el 13 de octubre por la agencia Servimedia, mantiene la dotación de 264.000 euros y reproduce la misma estructura de puntos: 15 para el C1 de euskera, 10 para el B2 y 5 para el B1, junto a los criterios económicos y de nota media universitaria.

Los seleccionados deberán aceptar la resolución en un plazo de quince días, so pena de renuncia tácita. Si durante 2025 alguno supera las pruebas de acceso a la Escuela Judicial o es nombrado en el Boletín Oficial del Estado, la ayuda se extinguirá en la fecha de incorporación al nuevo destino, recalca la resolución firmada por el viceconsejero Alfonso Gómez.