Naciones Unidas inició el pasado 7 de marzo la cuarta y última ronda de negociaciones para alcanzar un nuevo Tratado Global de los Océanos jurídicamente vinculante que proteja la vida en alta mar o aguas internacionales, con lo que se cerraría así una de las brechas jurídicas más importantes de los océanos.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), calificada como la ‘Constitución de los océanos’, fue aprobada en 1982, pero no incluye la biodiversidad marina en las áreas situadas fuera de la jurisdicción de nacional de los países, de manera que casi dos tercios de las aguas oceánicas están desprotegidas.

El océano es la mayor biosfera de la Tierra y un componente fundamental del sistema climático, en tanto que la alta mar presta servicios ecosistémicos esenciales para las zonas costeras y para el planeta en general, según la Alianza de Alta Mar, formada por más de 40 ONG ecologistas y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El océano situado más allá de las 200 millas marinas (370 kilómetros) de las costas de un país se considera aguas internacionales (es decir, la alta mar) y se comparte globalmente. No existe una legislación suprema que salvaguarde su biodiversidad ni su papel vital en la prestación de servicios, como la generación de oxígeno y la regulación del clima.

Sin embargo, Greenpeace apuntó este viernes que las negociaciones se han desarrollado con “una lentitud pasmosa” durante las dos últimas semanas y la falta de acuerdo en cuestiones clave “no se corresponde con la emergencia ambiental”.

“El colapso climático está transformando nuestros océanos. La biodiversidad marina está disminuyendo, y a medida que la pesca industrial saquea los océanos, las comunidades costeras de todo el mundo ven amenazados sus medios de subsistencia y su seguridad alimentaria. Estas no son hipótesis, nuestros océanos están en crisis en este momento y necesitan urgentemente un plan de rescate”, recalcó.

El Gobierno de España pretende salvaguardar un 30% de los océanos para 2030 (algo conocido como objetivo de 30x30). De hecho, forma parte de la Coalición de Alta Ambición y la Coalición de Líderes Azules, pero Greenpeace subrayó que el Ejecutivo debe asumir “con verdadero liderazgo” que se adopte el Tratado Global de los Océanos antes de finales de este año.

Ello implicaría que en el Tratado se incluya la declaración de áreas marinas protegidas en alta mar que limite la actividad pesquera industrial sin delegar exclusivamente esta gestión pesquera a las Organizaciones Regionales de Pesca.

“Las promesas de los gobiernos para proteger al menos un tercio de los océanos del mundo para 2030 no se están cumpliendo”, indicó Pilar Marcos responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, que añadió: “Nuestros océanos están en crisis y si no logramos un Tratado Global de los Océanos lo suficientemente ambicioso que necesitamos en 2022, no hay forma de crear santuarios oceánicos en aguas internacionales que nos permitan lograr el objetivo de 30x30. Este tratado es crucial porque todos dependemos de los océanos: desde el oxígeno que produce hasta la seguridad alimentaria que nos brindan”.

Muchos países han intensificado sus esfuerzos y 47 miembros de la Coalición de Alta Ambición se han comprometido a asegurar un Tratado Global de los Océanos que permita un 30% de protección marina en 2030.

“Una nueva ronda de negociaciones oceánicas posiblemente a finales de este año no puede permitirse el lujo de ser solo un tema de debate sin aterrizaje. Para superar la falta de consenso sobre temas clave en el tratado, los ministros y jefes de estado deben reunirse de manera proactiva y constante para trazar cómo pueden negociar con éxito el tratado que nuestros océanos necesitan desesperadamente en 2022. Cualquier cosa que no sea así llevará a un fracaso en la protección marina”, sentenció Greenpeace.