Con el nuevo convenio, cada administración aportará 75,1 millones de euros, lo que supone una inversión anual de 30 millones en la provincia, que ha salido del anonimato en los últimos gracia a la presión ejercida por el grupo "Teruel existe".

Con el convenio, la Administración del Estado y la Diputación General de Aragón impulsarán proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y riqueza en la provincia.

Se trata así de suplir el hecho de que Aragón, y por ello Teruel, no se encuentre entre las regiones Objetivo 1 de la Unión Europea (UE), aquéllas que reciben mayor cantidad de fondos comunitarios.