Su abogado, Gabriel Rodríguez Ramos, insiste en un primer escrito en que no ha habido vulneración de derechos que justifique la nulidad de la condena solicitada por el exfiscal general al Supremo. Es poco probable que esa petición tenga éxito, pero es el paso imprescindible para que García Ortiz pueda presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Además, la defensa de González Amador pide al Supremo que reclame al condenado el pago de las costas por su defensa que cifra en más de 64.000 euros. En ese mismo escrito da al alto tribunal el número de cuenta bancaria de su cliente para que se le pueda hace la transferencia de 10.0000 euros, establecida en la sentencia como responsabilidad civil a lo que hay que añadir otros 7.500 euros en concepto de multa que García Ortiz ya ha depositado. Esos fondos proceden en buna parte de un ‘crowdfunding’ impulsado por la Unión Progresista de Fiscales.

El letrado adjunta un documento de tasación de estas costas y defiende que la cantidad reclamada es “proporcional al esfuerzo realizado” durante el procedimiento que ha revestido “complejidad” de carácter “material y procesal" y en el que denuncia que se han producido “usos políticos”.

Insiste en que el procedimiento ha sido complicado por la apertura de piezas separadas para la tramitación de recursos de apelación formulados por la defensa de García Ortiz y por la destrucción de posibles pruebas contenidas en sus dispositivos digitales, que ha dificultado la instrucción.