“En términos de ingresos esto quiere decir que la Generalitat tiene la llave de la caja de unos 52.000 millones de euros, el doble que en la actualidad”, explicó Mas en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán y horas después de haberle presentado esta propuesta al presidente Pere Aragonès.

“Hoy hacemos un cambio de paradigma, un giro de 180 grados para dejar atrás décadas de injusticia, un modelo de soberanía fiscal pleno que comporta que la Generalitat asuma todos los impuestos generados en Cataluña, su recaudación y su gestión”, incidió la consejera de Economía del Ejecutivo catalán.

En este sentido, comentó que el propio Aragonès en diciembre de 2023 le encargó a su Consejería la elaboración de una propuesta de modelo de financiación “justo y singular” en un plazo de tres meses y hoy le presentó una propuesta “muy completa” y “muy trabajada” que pretende que mejore el “bienestar” en Cataluña.

Asumir esta “responsabilidad”, comentó, implicaría que la Generalitat fuera la “responsable directa ante la ciudadanía tanto de los gastos como de los ingresos públicos, asumiendo el coste derivado de su gestión”. Esta capacidad fiscal “plena”, continuó, “se complementaría con dos instrumentos adicionales”.

Estos instrumentos, dijo Mas, son “una transferencia al Estado como contraprestación de los servicios que este presta a Cataluña” y “un mecanismo de nivelación, un fondo de reequilibrio territorial destinado a aquellas comunidades con menor capacidad económica con tal de contribuir a la equidad entre territorios”.

A su juicio, con este nuevo modelo la Generalitat dispondría de los recursos “necesarios” para financiar “adecuadamente” los servicios públicos y “mantener y modernizar” las infraestructuras de Cataluña. Además, recordó que el Estado “ya convive con modelos diferentes de financiación”, como “el régimen foral y el de las Islas Canarias”.

Según Mas, el marco constitucional español permite implementar el modelo de financiación singular de Cataluña. “Es decir, esta propuesta es compatible con el Estatuto de Autonomía, con la Constitución y con el derecho comunitario”, destacó. “La propuesta que presentamos hoy es perfectamente viable tanto desde un punto técnico cómo jurídico”, matizó.