Las grabaciones realizadas por el Instituto Armado y por el propio Koldo García están reflejadas en el Anexo III del informe remitido al Alto Tribunal, en un gráfico, al que ha tenido acceso Servimedia, que refleja la línea temporal de los hechos y los participantes en el proceso de adjudicación irregular de obras públicas.

La Unidad Central Operativa (UCO) señala a Santo Cerdán como el responsable de repartir las mordidas y le atribuyen la gestión de 620.000 euros en contraprestaciones económicas. Según la UCO, para realizar estas adjudicaciones “que habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación, Koldo se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera", imputada en el ‘caso Koldo’, "y del director general de Carreteras, Javier Herrero, cada uno dentro de su ámbito de actuación”.

Las obras que analiza la UCO son un total de cinco diferentes. Dos de ellas, por un monto total de 550.000 euros, tienen que ver con el soterramiento de red arterial ferroviaria en la ciudad de Murcia. Además, los investigadores citan un contrato de 70.000 euros vinculados al bajo de un inmueble que no está asociado a ningún expediente concreto.

La Guardia Civil cita también otros 450.000 euros, que según dice Koldo en conversaciones grabadas y contenidas en el informe, estarían pendientes de cobro por tres adjudicaciones de obra a Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat. En total, las presuntas mordidas alcanzarían 1.070.000 euros.