En un comunicado, los graduados sociales plasmaron su malestar con una dinámica que consideran “un problema estructural desde la pandemia” por no aprobarse cada año en tiempo la subida del SMI y hacerlo con el nuevo año ya empezado y con carácter retroactivo. “Normas que deberían estar cerradas antes del inicio del ejercicio terminan llegando a finales de marzo, con efectos desde enero”, se quejaron.

En el caso de este año, Merchán detalló que la orden, publicada el 31 de marzo, obliga a recalcular las nóminas de marzo y a presentar en abril liquidaciones complementarias, mientras la Seguridad Social asume de oficio enero y febrero. Este desfase genera “un trabajo inmenso” en una semana que coincide con la Semana Santa y que ha obligado a muchos despachos a trabajar incluso en festivos.

El presidente de la organización fue especialmente contundente al describir el desgaste acumulado del sector y advirtió de que “la paciencia se agota”.

A su juicio, empresarios y personas trabajadoras deben conocer desde el 1 de enero tanto el salario aplicable como el coste real de cotización asociado y alterar esas condiciones tres meses después “rompe la previsibilidad básica con la que operan especialmente pymes, autónomos y micropymes”. “Cuando hacíamos las nóminas a lápiz y papel había más seguridad jurídica que ahora que está todo digitalizado y tendría que ser todo más sencillo”, sentenció Merchán.

El presidente de los graduados sociales reconoció que este escenario genera un coste adicional que termina repercutiéndose a las empresas, pero que el principal perjuicio es que las empresas desconocen el coste salarial real.

Por ello, defendió mantener la retroactividad en el salario, pero evitarla en las cotizaciones, de forma que estas entren en vigor solo desde la fecha de aprobación de la norma. Además, Merchán señaló directamente al Ministerio de Trabajo y Economía Social como el lugar donde debe corregirse la disfunción.