Esa es la conclusión principal de un análisis realizado por Dvuelta, entidad dedicada principalmente en recurrir multas de tráfico.

El análisis, difundido este jueves, incluye datos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Murcia, Palma y Bilbao, que son ocho de los municipios con mayor población de España.

En conjunto, esos ocho ayuntamientos previeron ingresar 390,48 millones de euros en sanciones relacionadas por el tráfico de vehículos, pero realmente recaudaron 489,9 millones de euros en derechos reconocidos de cobro (no estimaciones ni proyecciones), lo que supone un 25,5% más de lo pronosticado.

Madrid resultó ser el ayuntamiento más recaudador (con 283,2 millones de euros, un 35,8% más de lo previsto), por delante de Barcelona (65,0 millones, un 7,4% más), Valencia (27,9 millones, un 99,3% más), Palma (25,6 millones, un 21,6% menos), Sevilla (24,1 millones, un 9,5% más), Bilbao (23,1 millones, un 32,0% más), Málaga (20,3 millones, un 18,4% más), Zaragoza (14,1 millones, un 17,9% más) y Murcia (6,6 millones, un 5,8% más).

Así pues, Palma fue el único consistorio que redujo la cantidad ingresada por multas de tráfico respecto a lo proyectado, mientras que, por el contrario, Valencia casi duplicó lo que había esperado.

Los datos de liquidación de 2025 a fecha del pasado 31 de julio de 2026 describen “una práctica sistemática”, según Dvuelta, puesto que “los grandes consistorios presupuestan por multas cantidades muy inferiores a las que después ingresan”.

“No se trata de errores aislados de cálculo ni de circunstancias excepcionales, sino de una práctica habitual en casi todas las ciudades analizadas y que, en algunos casos, alcanza magnitudes difíciles de explicar como una desviación técnica”, añadió.

“VERDADERO PESO”

Dvuelta subrayó que, con ello, se produce habitualmente una previsión más “políticamente correcta” en el momento de aprobar las cuentas y un ingreso “muy superior” en el momento de liquidarlas.

“El presupuesto que se somete al debate público y al escrutinio de la oposición consigna una cifra más moderada por sanciones de tráfico, mientras la ejecución real se dispara meses después, cuando el foco informativo ya se ha desplazado”, apostilló.

Dvuelta sostuvo que esa brecha entre lo aprobado y lo reconocido permite a los ayuntamientos “enmascarar el verdadero peso de la multa en sus cuentas y presentar como excedente sobrevenido lo que en realidad es un ingreso previsible”.

Los derechos reconocidos son los ingresos líquidos y ciertos que el ayuntamiento tiene derecho a cobrar a favor de su presupuesto una vez aprobada la liquidación correspondiente. Son cifras contables consolidadas por los consistorios y varían a lo largo del tiempo por la naturaleza de la tramitación de los expedientes administrativos por sanciones de circulación.

“Esa naturaleza es relevante porque impide escudarse en otros conceptos. No cabe atribuir el desfase a previsiones prudentes, a criterios de caja o a partidas pendientes de cierre: la liquidación es el documento en el que cada ayuntamiento certifica cuánto ha ingresado realmente por sanciones de tráfico frente a lo que declaró que iba a ingresar”, apuntó Dvuelta.