La obligatoriedad de las grandes empresas, esto es, aquellas con más de 250 trabajadores y más de 50 millones de euros de facturación, de atender a sus clientes en lenguas cooficiales se circunscribirá finalmente a aquellas comunidades autónomas que dispongan de una segunda lengua oficial además del castellano y no a todo el territorio, y se hará en virtud de una enmienda transaccional acordada este martes por PSOE y Sumar en la reunión de la ponencia de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo sobre el Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, auspiciada por el Ministerio de Consumo.