En concreto, en la sesión de la ponencia celebrada este martes se aprobaron dos transaccionales sobre los aspectos que “afectan” a los consumidores en relación con las lenguas oficiales, tal y como confirmaron a Servimedia fuentes del PSOE.

De este modo, el texto final incluirá una enmienda transaccional de los grupos parlamentarios socialista y plurinacional Sumar en virtud de la cual se propone que, a solicitud de la persona consumidora o usuaria “sita en comunidades autónomas que dispongan de varias lenguas oficiales”, se “asegurará” la atención “en el idioma oficial que se solicite”, pero “siempre y cuando” la empresa preste servicios en aquellas comunidades autónomas que “disponen de lengua oficial diferente al castellano y la lengua utilizada sea oficial en dicha comunidad autónoma”.

Asimismo, se aprobó otra transaccional que prevé que se “asegurará” que la presentación de consultas, quejas, reclamaciones o incidencias de las empresas que prestan servicios en comunidades autónomas con lengua oficial diferente al castellano se realice “en castellano, o en cualquiera de las lenguas oficiales” cuando el servicio de atención a la clientela “sea dirigido a clientela sita en comunidades autónomas que dispongan de lenguas oficiales” y no en todo el territorio, como en un principio pretendía Junts.

En dicha reunión se acordó, asimismo, que el próximo 29 de octubre, a las 14.00 horas, se votará el dictamen en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.

LENGUA HABITUAL

El pasado 17 de septiembre, el ministro Bustinduy reivindicó en los pasillos del Congreso como un “avance” la posibilidad de que los consumidores españoles puedan utilizar su lengua “habitual” en sus relaciones comerciales con grandes empresas tras el pacto alcanzado entre el Gobierno y Junts para obligar a las grandes empresas a atender en catalán a sus clientes, posibilidad que ve “sensata, razonable y de sentido común”, convencido de que, en su conjunto, la ley “va a proteger y a mejorar los derechos de los consumidores en toda España”.

“Esta ley incluye, por ejemplo, la prohibición de las llamadas spam, incluye el derecho a que te atiendan en menos de tres minutos cuando haces una reclamación y también que te atienda una persona y no una máquina”, detalló entonces, al tiempo que subrayó que, en virtud de los “acuerdos” que el Ejecutivo está “negociando con todos los grupos parlamentarios”, incluye “también, el derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales”.

El ministro destacó que se trata de “algo que está reconocido en la Constitución y en los estatutos de autonomía”, convencido de que “es sensato, razonable y de sentido común” que las grandes empresas “atiendan a los ciudadanos en las lenguas cooficiales que tienen el derecho a utilizar”.

PASO EN LA BUENA DIRECCIÓN

“Creo que es un paso en la buena dirección”, resaltó, al tiempo que admitió “entender” que “este es un tema que la derecha ha decidido utilizar políticamente en esta legislatura” y reiteró el objetivo del Gobierno de “garantizar que los consumidores puedan efectuar sus reclamaciones en la lengua oficial que utilizan normalmente”.

Preguntado por si la medida se implantará en toda España, el titular de Consumo hizo entonces hincapié en que la “voluntad” del Ejecutivo y del ministerio que él dirige es “poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales”. “Esto es creo que un avance en derechos”, apostilló, para, a continuación, valorar que es “normal” que las grandes empresas “reconozcan” el derecho de los usuarios “a utilizar la lengua cooficial que está reconocida como tal cuando realizan comunicaciones o reclamaciones ante una empresa”.

“Creo que es algo de sentido común, creo que es algo positivo y confío en que esta ley, que incluye muchas más cosas, vea la luz cuanto antes”, manifestó entonces, al tiempo que apuntó que la “cuestión” de “garantizar los derechos lingüísticos” de los consumidores “es algo que no es nuevo, no es de ahora”. “Ya en la legislatura pasada se negoció y se acordó y esto lo apoyó el PP, porque el PP ha defendido tradicionalmente el derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales”, agregó, convencido de que en esta legislatura la derecha “está intentando utilizar cualquier asunto para generar crispación y un clima irrespirable”.

Frente a ello, “con total normalidad”, el Ejecutivo, “por supuesto, defiende las lenguas cooficiales en España”. “Defendemos los derechos lingüísticos y defendemos que, con total normalidad, se puedan utilizar también en el ámbito de las relaciones comerciales”, abundó, convencido de que la normativa “va a suponer un antes y un después en la protección de los derechos de los consumidores”.

En la misma línea, dos días después criticó la reacción “furibunda” de la patronal “denunciando la interferencia política en las decisiones de las empresas” y le instó a “que se indignen menos, que vociferen menos y que se ocupen de tratar mejor a los clientes, que les va a ir mejor a ellos también”.

Tras puntualizar que, “en todo caso, en este ámbito, como en cualquier otro”, el ministerio va a “defender los derechos de los consumidores”, Bustinduy explicó que la ley, que está en negociación en el Congreso de los Diputados, “también va a recoger el derecho que tienen 13 millones de compatriotas a expresarse en una de las lenguas cooficiales del Estado”.

“Las lenguas que utilizan en su día a día, en su familia, en su trabajo, que las puedan utilizar también en sus comunicaciones y reclamaciones ante grandes empresas”, señaló, al tiempo que incidió en que es “algo que ya sucede en muchos casos”, porque “muchas de esas empresas ya lo hacen”.

Por último, este mismo martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Bustinduy reclamó “consenso” parlamentario para poder aprobar “muy pronto” la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, convencido de que dicha ley “es la plasmación de una política pública de defensa de los intereses de los consumidores” y de que “es algo que, además, no entiende de izquierda o de derecha”.

“Son cosas que son absolutamente de sentido común”, defendió, al tiempo que recordó que la ley va a garantizar que la atención a una reclamación telefónica se produzca “en un plazo máximo de 3 minutos para acabar con la musiquita eterna”, así como “que te atienda una persona en lugar de una máquina, si así lo deseas”, que las reclamaciones “deban resolverse en un plazo de 15 días” o que tengan que “avisar” al usuario “cuando haya una renovación automática de una suscripción” para que “no te encuentres el cargo hecho directamente en la cuenta bancaria”.

A su vez, subrayó que se va a “regular” la “protección” de la juventud en los entornos de juego digital, por ejemplo, así como la producción de reseñas falsas y, en suma, “un montón de cosas que son de sentido común y de interés general”, pero sobre las que, a su entender, “sobresale una”, como es la prohibición de las llamadas spam.

“Si hay una cuestión que es de sentido común y de interés general hoy en día es acabar con el martirio y el suplicio de las llamadas spam”, apostilló, al tiempo que consideró que su departamento hizo su “trabajo” a través de una enmienda incorporada a ese proyecto de ley que se debatió este martes en ponencia y dijo “confiar y esperar” que la Cámara Baja “nos dará muy pronto muy buenas noticias y que, por tanto, puedan plasmarse en la ley todas estas medidas”.

En paralelo, afirmó que él “no entendería que nadie se opusiera a esto, porque es que todo el mundo lo ha vivido”, en referencia a prácticas que implican “la violación de la privacidad, una interrupción del derecho a la desconexión, al tiempo libre, a la siesta, a lo que nos dé la gana”, convencido de que “es un clamor social y depende de sus señorías y de los grupos parlamentarios”. “Así que yo confío en que muy pronto podamos dar buenas noticias al conjunto de la ciudadanía”, resolvió.