Greenpeace aseguró en un comunicado que esa decisión “no responde a criterios de seguridad técnica ni de abaratamiento de la factura para los hogares, sino exclusivamente al interés económico de las eléctricas, a pesar de que pone en peligro la transición energética de España”.

Para la directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, “la decisión de Pedro Sánchez es un error histórico que demuestra que en este país sigue mandando el mismo oligopolio energético de siempre”.

“Al ceder a esas presiones, el Gobierno echa por tierra toda su credibilidad, defrauda la confianza de su electorado que respaldó sus compromisos ambientales y, lo que es aún más grave, asesta un golpe mortal a la transición energética en un contexto en el que el cambio climático ya está aquí y nos va la vida en ello”, añadió.

Saldaña consideró “especialmente preocupante que el Gobierno haya esperado hasta mediados de agosto para hacer pública una decisión tan lamentable, en lo que supone un grave desprecio a la ciudadanía y un insulto a la transparencia democrática”.

“Ante una decisión de esta gravedad, no nos vamos a rendir: exploraremos todas las vías a nuestro alcance y seguiremos luchando hasta el final para revertir este paso atrás, defendiendo la transición energética y el interés común”, concluyó.

Greenpeace recordó que, según un informe técnico de la Universidad Rey Juan Carlos, la prórroga de Almaraz no será a “coste cero”, sino que provocará un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros en la factura eléctrica de hogares y empresas para 2033.