Desalar agua supone separar la sal del agua del mar o de las aguas salobres para hacerlas potables o útiles para otros fines. La tecnología más extendida actualmente es la ósmosis inversa.

El proceso consiste en una presión mecánica para hacer pasar el agua salada a través de una membrana artificial para separarla de la sal y así obtener agua pura (50% agua dulce, 50% salmuera). Sin embargo, Julio Barea, de Greenpeace, indicó que este proceso conlleva “varias consecuencias y problemas”.

Uno de los “problemas” es la energía eléctrica que se consume, pues el proceso para vencer la presión osmótica de las membranas (70 kg/cm2), bombear el agua desde su origen y después a los depósitos de almacenamiento y finalmente para verter el residuo al mar requiere grandes cantidades de energía.

Otro es que el residuo de las desaladoras, la salmuera, que supone “un vertido contaminante muy concentrado en sales”, presenta diferencias de pH y temperatura respecto del agua original y contiene productos químicos como biocidas, antiincrustantes, antiespumantes y metales pesados, que luego son vertidos al mar, según Barea. Además, supone impactos en la costa porque las desaladoras. “Hablamos de grandes complejos industriales en nuestras ya castigadas costas”, indicó Barea.

COSTE ECONÓMICO

En cuanto al coste económico, actualmente desalar un metro cúbico de agua consume unos 3 kW frente a los 50 kW/m3 de hace unos años, lo que supone que 1.000 litros de agua cuesten entre 0,70 y 0,80 céntimos de euro, dependiendo de la planta. “Hablamos de pagar un alto precio económico por un proceso que la naturaleza nos regalaba”, recalcó.

Otro problema de la desalación es, según Barea, “el gran impacto social que pueden generar estas instalaciones al abonar la falsa idea del agua como recurso infinito y alentar la construcción de nuevos desarrollos y complejos urbanísticos en la costa (urbanizaciones, hoteles, campos de golf, parques temáticos…)”.

“Las desaladoras no pueden servir en ningún caso para fomentar y/o consolidar políticas agrícolas, ganaderas, urbanísticas y turísticas con crecimientos incontrolados y dar por bueno un modelo insostenible de desarrollo que llevaría aparejado una brutal destrucción de los ya diezmados recursos naturales de la costa mediterránea”, indicó Barea.

Para Barea, “mover agua en barcos, hacer más embalses, o más desaladoras no va a solucionar la sequía, tampoco va a hacer que llueva”, por lo que “la desalación debería ser la última de las opciones a adoptar entre todas las actuaciones posibles”.

Por ello, apostó por preservar las reservas naturales y estratégicas de agua, que son los acuíferos. “El agua ‘se nos va’ en robos, en pozos ilegales, en regadíos de agricultura intensiva y, por si fuera poco, la que nos queda acaba contaminada por los nitratos de agricultura intensiva y macrogranjas”, apostilló.

“Si algo ha quedado claro, y debería servir para avanzar, es que el cambio climático está aquí, traerá más sequías y menos agua. Hay que avanzar y trabajar en la línea de tener ‘agua para todos, pero no agua para todo’”, concluyó Barea.