Según explicó la organización, en este momento, todos los países tienen la “responsabilidad” de actuar con “urgencia” antes de la primera Conferencia de las Partes de Naciones Unidas de los océanos, que se celebrará en 2026.

Además, la entidad medioambiental urgió a todos los países que todavía no han ratificado el Tratado a que lo hagan “antes de que se celebre esta cumbre”. De no hacerlo, se quedarían fuera de las negociaciones y de la protección de las aguas internacionales.

Actualmente, solo el 0,9% de las aguas internacionales está completa o altamente protegida, por lo que el Tratado es “crucial” para aumentar esta protección, a través de la creación de santuarios marinos que ayuden a “mitigar la crisis climática y salvaguardar la seguridad alimentaria” para las personas que dependen de los recursos de los océanos.

El director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Mads Christensen, aseguró que es la hora de que la “explotación y la destrucción en alta mar terminen” y el Tratado Global de los Océanos es la “herramienta necesaria para que esto ocurra”. Además, la comunidad científica de la entidad señaló que se debe proteger, “al menos, el 30% de los océanos antes de 2030.

Para establecer una red de santuarios marinos en aguas internacionales y lograr la protección del 30% de los océanos antes de 2030, Greenpeace demandó, entre otras, que los Gobiernos “empiecen a trabajar” en la declaración de santuarios en aguas internacionales. Estas zonas deben estar “total o altamente protegidas” para garantizar que extensas áreas del océano queden “libres de actividades extractivas y destructivas del ser humano”.

También, la organización pidió que los Gobiernos de todos los territotios garanticen que el Tratado sirva para “aplicar medidas rápidamente, sin verse atrapados en retrasos o tener que depender de entidades como las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP)” que contribuyeron y fueron testigos del “agotamiento” del océano durante décadas.

Al mismo tiempo, Greenpeace demandó que los Gobiernos aseguren que la declaración de santuarios se realiza con base en la “evidencia científica” disponible y contando con la “participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, a fin de garantizar que el proceso está respaldado por la ciencia y es socialmente justo.