Esta organización ambiental incluye esa petición en las alegaciones presentadas al proyecto de real decreto, cuya fase de audiencia pública está abierta hasta el próximo 16 de septiembre.

Greenpeace celebró este martes que “el Gobierno asuma una autocrítica explícita sobre la ineficacia de las normas previas de 2015, reconociendo que la construcción en zonas inundables y de riesgo de inundación no ha dejado de crecer”, pero advirtió de que el texto actual “se queda corto frente a la velocidad de la emergencia climática”, por lo que exigió “subordinar por completo los intereses inmobiliarios a la seguridad humana”.

Indicó que “las herramientas estadísticas tradicionales están obsoletas”. El principal argumento científico trasladado en sus alegaciones es el fin de la estacionariedad hidrológica. “Los modelos históricos basados en ‘periodos de retorno’ de 100 o 500 años ya no sirven: el calentamiento global ha desestabilizado el ciclo del agua, convirtiendo los eventos excepcionales del siglo XX en una constante destructiva”, apuntó.

“El suelo tiene memoria, pero la planificación humana adolece de una preocupante amnesia institucional. Si mantenemos los periodos de retorno estáticos tradicionales, estaremos planificando las tragedias del mañana sobre el mapa del ayer”, según Julio Barea responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace España.

“PROBLEMAS”

En este sentido, Greenpeace detectó “problemas” en el proyecto de real decreto, ya que propone prohibir garajes subterráneos y exigir que las nuevas viviendas en suelo urbanizable se eleven un metro sobre la cota de avenida. “Elevar un edificio no evita el aislamiento de la población, el colapso del saneamiento ni el corte de suministros y, además, legitima que el mercado inmobiliario siga vendiendo parcelas inseguras cuyas indemnizaciones acabará pagando el erario público”, añadió.

Además, calificó de “temeridad cronológica” dar un plazo de cinco años a los ayuntamientos para adaptar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), pues ese periodo generará “una tramitación exprés de licencias en zonas inundables”, por lo que demandó “una moratoria cautelar inmediata que congele cualquier nueva licencia en suelos con historial de riesgo”.

También reivindicó “superar la ‘cultura del hormigón’”, pues “la gestión en España sigue dominada por la ingeniería civil gris (escolleras, presas y canalizaciones) que genera una falsa sensación de seguridad y traslada la energía destructiva del agua a poblaciones vecinas”. Así, apostó por “dar espacio al río” a través de soluciones basadas en la naturaleza, recuperando llanuras aluviales, meandros y humedales que actúen como esponjas.

Greenpeace apoyó la propuesta de Transición Ecológica de instalar señalética física visible (paneles y señales) en las calles que recuerde el nivel alcanzado por las riadas históricas, pero propone que esta medida se vincule por ley a la creación de Asambleas Ciudadanas de Resiliencia Local y que el Estado intervenga para proteger a las comunidades económicamente vulnerables, que habitualmente ocupan las viviendas más expuestas en los márgenes olvidados de los ríos.