El coordinador de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace, Francisco del Pozo, indicó que el real decreto del Gobierno sobre el ahorro energético es “una versión demasiado 'light' de lo que haría falta para aspirar a reducir sustancialmente el consumo de gas”.

El real decreto justifica la actuación principal en climatización de espacios, pues considera que es uno de los ámbitos con mayor potencial de ahorro, pero Greenpeace consideró “desproporcionado” cargar la responsabilidad de reducir el consumo de gas en hogares y comercios, que representan un 22% del consumo total, mientras el 78% fue consumido en 2020 por empresas para generar energía eléctrica y, sobre todo, para procesos industriales.

Por tanto, Greenpeace señaló que todos los sectores deben cargan “proporcionalmente con las necesidades de ahorro y no solo las personas consumidoras y pequeños negocios, cuyas facturas se han visto seriamente aumentadas generando nuevos pobres energéticos”.

“A pesar de los incendios forestales que asolan nuestro país y de que la población sufre olas de calor sin precedentes, el Gobierno ha planteado un real decreto con medidas en algunos casos casi cosméticas y de muy dudosa efectividad para reducir el consumo de gas en un 7%, en lugar de impulsar una acción climática aún más ambiciosa y apostar por objetivos de un 15% o más como el resto de la UE”, indicó Del Pozo.

A este respecto, Del Pozo subrayó que “España no puede permitirse el lujo de perder el tiempo discutiendo con los gobiernos locales y regionales sobre medidas tan exiguas como regular el horario de las luces de los escaparates”.

“Necesitamos medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, y los diferentes niveles de Gobierno deben actuar para reducir permanentemente la demanda de energía y acelerar el cambio a soluciones renovables sostenibles”, comentó.

“La ley establece limitar los umbrales de temperatura de calefacción a 19 grados y refrigeración a 27 grados. Entendemos que estos límites permiten disminuir las pérdidas de energía en edificios públicos y lugares de trabajo, pero estas limitaciones nos plantean dudas respecto al acceso universal a la energía”, añadió del Pozo.

El real decreto impone la instalación de puertas con cierre automático en los edificios y locales con acceso a la calle, una medida “necesaria, pero insuficiente” para Greenpeace, que reclamó una “mayor ambición” con reformas exprés para locales que mejoren el aislamiento empleado, como los dispositivos de aislamiento, las cortinas o los toldos, entre otros.

Además, la norma obliga a que el alumbrado de escaparates y edificios públicos sea apagado a las 22.00 horas. “Si realmente se quieren reducir la iluminación innecesaria es preciso dialogar con los municipios para que establezcan medidas de reducción de iluminación en monumentos, calles sin tránsito, que se prioricen eventos culturales y deportivos que se pueden hacer de día o se limiten las luces decorativas como las de Navidad”, concluyó Greenpeace.