La organización ecopacifista pidió a todas las fuerzas políticas un Pacto de Estado Ecológico. La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, declaró que “este Gobierno debe estar a la altura del mayor reto que tenemos ahora mismo como humanidad, la emergencia climática, y para ello debe impulsar con mayor ambición, urgencia y amplitud el desarrollo de la transición ecológica justa y que sus beneficios sean accesibles a la mayoría de la población. La ciudadanía tiene derecho a una factura asequible y verde, a un hogar confortable, a desplazarse de manera sostenible, a comer sano y a un ambiente saludable. Es el momento de apostar por un modelo socioeconómico dentro de los límites del planeta y que garantice vidas dignas para todas las personas".

Greenpeace demandó al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impulse de manera ambiciosa las transformaciones necesarias para reforzar la Vicepresidencia de Gobierno de Transición Ecológica y extender y coordinar la transición ecológica con áreas como agricultura, economía, comercio, vivienda y transporte; garantizar un escudo social justo y verde y acabar con los subsidios fósiles dañinos; actualizar la ambición climática con nuevas metas a 2030: al menos 55% de reducción de emisiones respecto a 1990, a través de la electrificación y la mejora de la eficiencia para reducir la demanda en el uso final de la energía, y un 100% de electricidad renovable; apostar por una transición energética que integre plenamente a la ciudadanía y a los territorios, y aprobar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte con objetivos claros de descarbonización, con foco en el transporte público.

Además, reclama impulsar “una gran transformación y restauración del mundo rural” mediante una transición agroecológica justa que alcance el 30% de la superficie para 2030; un plan de eliminación del glifosato y una ley de Agricultura Familiar que apoye a la pequeña propiedad y a las personas que trabajan en el campo como actores centrales del cuidado de la alimentación y los ecosistemas; un Pacto de Estado Antidesertificación que cierre los pozos ilegales, reduzca de manera justa el regadío en regiones en riesgo de colapso, y aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2024 con un 30% de inversión verde real, También reducir el gasto militar y “avanzar en democracia derogando los puntos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza), estableciendo una ley de acceso a la información de calidad y contra el fenómeno de las noticias falsas y reforzando las asambleas ciudadanas y otros instrumentos innovadores de democracia participativa, así como acabar con el oligopolio energético”.