En un comunicado de prensa, la organización ecologista puso de relieve la necesidad de dotar de “la mayor protección jurídica posible al medio ambiente”, con una reforma del artículo 45 de la Constitución Española, que eleve su categoría de principio rector, tal y como figura actualmente, al de derecho fundamental, y así garantizar legalmente “su integridad” y, por tanto, “velar por la salud y el bienestar de las personas, en especial de las generaciones futuras”.

En el pacto de Estado por el medio ambiente se tienen que tener en cuenta varios retos, según Greenpeace. Uno de ellos es hacer frente a la responsabilidad histórica del cambio climático y se puede hacer incrementando la "ambición" de los objetivos climáticos en consonancia con la "evidencia científica” --a partir de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica--, reduciendo la contaminación de los núcleos urbanos con un transporte limpio, haciendo de la energía "un bien de utilidad pública", apostando por una industria verde y descarbonizada y aprobando una Ley de Diligencia Debida que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el medioambiente, incluso cuando actúen fuera de España.

Proteger y restaurar el patrimonio natural también está entre estos retos y se puede hacer frente a ello, según la organización, garantizando la aplicabilidad de la Ley de Montes, de la Ley de Aguas y fomentando la producción de la ‘España vaciada’.

Otro reto sería impulsar la transición ecológica con unos presupuestos y unos impuestos “justos y verdes”. Y como último reto estaría profundizar en la democracia y los derechos fundamentales.

Algunas “medidas legislativas claves” de este último reto serían la derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, y desarrollar una legislación que proteja el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, un marco legal frente a la “amenaza de los bulos y del mal uso de inteligencia artificial”, la derogación de la actual Ley de Secretos Oficiales y aprobar una nueva ley orgánica que garantice y desarrolle el derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz, tal y como está reconocido en la Constitución.