“Lamentablemente, si no frenamos el cambio climático, los fenómenos extremos como la sequía van a ser cada vez más frecuentes y devastadores. España estará entre los países europeos más castigados por este tipo de fenómenos extremos, lo que afectará mucho las condiciones de vida, la salud e incluso el modelo productivo, muy en particular, del sector agroalimentario”, indicó Greenpeace.

Según esta organización, los reales decretos gubernamentales por las sequías (el último, del 15 de marzo de 2022) prevén medidas en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidráulico, pero contienen “una visión cortoplacista que ayuda a paliar los impactos de la sequía de manera momentánea, pero no prepara a la agricultura y la ganadería para los impactos que, sin duda, sufrirán a futuro”.

A la creciente escasez hídrica se une “una mala gestión histórica” del agua, según Greenpeace, lo que ha llevado a su contaminación, en particular por nitratos y otros contaminantes, haciéndola en ocasiones “inservible para consumo humano”.

“Si no frenamos la emergencia climática, nos enfrentaremos a condiciones cada vez más difíciles y, sin duda, la falta de agua será de las peores, porque todo depende de ella”, apuntó Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, quien añadió: “Es necesario que se actúe con urgencia y valentía, con medidas ambiciosas y, para algunos sectores, duras. Por ello, desde Greenpeace pedimos un plan de choque ante la sequía”.

Presumiblemente, el mes pasado fue el abril menos lluvioso en España desde al menos 1961, año en que empieza la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La reserva de los embalses está actualmente a un 49,9% de la capacidad total, la más baja a estas alturas del año desde 1995.

Mientras, el PP y Vox pretenden en el Parlamento de Andalucía “perpetuar un modelo nefasto” en el entorno del Parque Nacional de Doñana legalizando cerca de un millar de hectáreas de regadíos ilegales, según Greenpeace.

DECÁLOGO

Por ello, Greenpeace pidió a los gobiernos español y autonómicos que adopten medidas para afrontar la “crisis del agua”. A su juicio, el real decreto-ley del Ejecutivo central contra la sequía debería establecer un plan para reducir la superficie de regadío, principalmente el intensivo e industrial, y que prime el agua para consumo humano, los caudales ecológicos y los cultivos para consumo directo humano, además de revisar la conversión de cultivos de secano a regadío.

Otras medidas son no permitir ningún nuevo proyecto altamente demandante de agua (de ocio, urbanismo, hotelero…) en zonas con problemas históricos de suministro, y mejorar el control del uso ilegal de agua, especialmente con la localización de todos los pozos ilegales, para su vigilancia y cierre en los casos que no puedan legalizarse.

Descartar la construcción de más infraestructuras hidráulicas, como embalses o trasvases y limitar las desaladoras a situaciones excepcionales; no conceder ninguna concesión ni autorización a nuevas instalaciones de ganadería intensiva o a la ampliación de las existentes y reducir la cabaña ganadera en intensivo hasta un 50% en 2030 son otras propuestas.

Una hoja de ruta para la transición hacia la agroecología que garantice que al menos un 30% de la superficie cultivada sea ecológica para 2030 (con transición acelerada en Doñana, el Mar Menor o las Tablas de Daimiel) y establecer perímetros de protección eficaces en todas las zonas de captación de agua para consumo humano que permita preservarlas en buenas condiciones tanto a nivel cuantitativo como cualitativo figuran en el decálogo.

La relación de medidas se completa con que el Código Técnico de la Edificación obligue a que todos los nuevos edificios incorporen medidas de ahorro de agua y, especialmente, de reutilización de las aguas grises para uso en las cisternas, así como para el riego de zonas verdes; aumentar el presupuesto destinado a la gestión forestal y adoptar de forma inmediata la ‘dieta de salud planetaria’ priorizando alimentos de origen vegetal frente a los de procedencia animal en todos los comedores colectivos públicos e institucionales.

“La gestión del agua en España se ha basado en una oferta ilimitada, por insostenible que esta sea, basada en la construcción de embalses, trasvases, canalizaciones y grandes obras hidráulicas, sin solucionar el tema de la falta de agua en los periodos de sequía. Es vital cambiar la visión errónea de que el agua es un recurso ilimitado y las políticas públicas deben ir dirigidas al ahorro, la prevención de la contaminación y la mejora de los sistemas de depuración”, concluyó Julio Barea, responsable de agua en Greenpeace.