A través del informe ‘Tu llave de la vivienda digna’, Greenpeace aborda el encarecimiento de la vivienda y el envejecimiento del parque residencial, que, según la ONG, “están agudizando la desigualdad y la crisis climática”. “Es preciso derribar las barreras que dificultan la rehabilitación de viviendas de mala calidad y pobres energéticamente”, añade.

Por ello, plantea que la vivienda deje de tratarse como “un activo especulativo” y convertirse en “una infraestructura clave para el bienestar, la justicia social y la transición ecológica”.

El documento fija “un objetivo ambicioso, pero alcanzable”: rehabilitar cerca de 10 millones de viviendas antes de 2040, multiplicando por 10 el ritmo actual e incrementando así la ambición del Gobierno presentada a la Comisión Europea en el último Plan Nacional de Renovación de Edificios 2026-2030.

“Nuestras casas son cada vez más caras, más viejas y más ineficientes energéticamente, lo que nos hace más vulnerables. Es inadmisible tener a la ciudadanía en la tesitura de pagar el alquiler o la hipoteca o calentar su casa, y a una sociedad impotente frente al tsunami especulativo y la energía cara y contaminante que nos venden Trump y Putin”, según María Prado, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.

Prado añadió: “Si no se corrige a tiempo, este impacto social, económico y climático seguirá ampliándose y pondrá en riesgo el bienestar de las próximas generaciones. Es urgente que las Administraciones se pongan las pilas, asuman su responsabilidad y garanticen que el derecho a una vivienda digna deje de ser papel mojado”.

6.000 MILLONES ANUALES

La propuesta estima que, con un plan de inversión pública media de 6.000 millones de euros anuales sostenido hasta 2040, España podría contar en ese año con un parque residencial compatible con el escenario de no superar los 1.5 grados de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales, objetivo recogido en el Acuerdo de París.

Esto se traduciría en un ahorro energético que daría lugar a una reducción acumulada de 48 millones de toneladas de CO2, en un ahorro anual de 4.175 millones de euros en las facturas energéticas -el equivalente a la factura anual de la luz de cinco millones de hogares- y en la creación de unos 350.000 empleos en el sector de la rehabilitación para todo el periodo.

“Ha llegado el momento de situar la política pública de vivienda como uno de los pilares del estado del bienestar para las personas y el planeta. Antes de repetir el error de otra burbuja del ladrillo, debemos apostar decididamente por rehabilitar el parque existente para hacerlo de calidad, eficiente, sostenible y accesible”, destacó Prado.

A este respecto, Prado indicó: “La rehabilitación mejora la calidad de vida, reduce el consumo energético, aumenta el ahorro familiar y baja las emisiones. Las soluciones y los recursos están sobre la mesa, lo que falta es voluntad política”.

El informe se articula en torno a cuatro palancas, entre ellas el refuerzo de los derechos para garantizar estándares mínimos de calidad en la compra y alquiler mediante una nueva articulación legal, con la función social del derecho a la propiedad y una revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Otra es una nueva arquitectura institucional de cooperación entre las Administraciones, desde lo local hasta lo estatal, para hacer sencilla, accesible y permanente la rehabilitación a todas las personas que lo necesiten con oficinas de barrio.

La tercera palanca se refiere a herramientas digitales como el pasaporte de rehabilitación de los edificios, y la cuarta, un nuevo instrumento financiero como solución completa de financiación (que el informe denomina ‘Monedero’), concebido como una ventanilla única que combina ayudas, ahorro, crédito e inversión pública para facilitar la rehabilitación de forma justa y progresiva.

PISOS TURÍSTICOS

El informe destaca que España cuenta con un parque de viviendas envejecido e ineficiente, que actúa también como causa de la crisis climática: el 50% se construyeron antes de 1980 y el 95%, antes de la normativa de eficiencia de 2008.

Esta situación se traduce en hogares mal o nada aislados, con graves problemas de accesibilidad y elevados consumos, y facturas de gas y electricidad, que alimentan la pobreza energética, que afecta ya a un 21% de los hogares en invierno y a un 33,6% en verano, muy por encima de la media europea.

A esta mala calidad se suma un problema estructural de acceso. Entre 2015 y 2023, el precio de compra de la vivienda aumentó un 47% y el del alquiler un 58%, mientras que los salarios crecieron un 17%.

Por ello, Greenpeace demanda, entre otras recomendaciones, “frenar la especulación” regulando el alquiler de temporada y los pisos turísticos, aumentando el IVA a pisos turísticos de grandes tenedores y eliminando las exenciones fiscales de las sociedades de inversión inmobiliaria.