Según sostuvo la organización ecologista, la actual oleada de incendios demuestra la necesidad de abordar el problema durante todo el año y no únicamente en los meses de verano. En este sentido, defendió la adopción de medidas estructurales orientadas a reducir el riesgo de grandes fuegos y aumentar la resiliencia de los territorios.

La portavoz de Greenpeace, Celia Ojeda, aseguró que "los incendios no se extinguen con discursos, ni solo en verano, se extinguen con políticas a todos los niveles que inviertan en prevención y gestión forestal" y añadió que "los datos muestran que es mucho más costoso apagar un incendio que invertir en su prevención".

La organización propuso impulsar los llamados "paisajes mosaico", mediante actividades como el pastoreo y la agricultura, para reducir la continuidad del combustible vegetal, así como adelantar las restricciones durante episodios de calor extremo y reforzar la educación ambiental y la autoprotección ciudadana. Recordó además que el 95% de los incendios tiene origen humano, ya sea por negligencia o intencionalidad.

Greenpeace también recordó que este verano ya se han superado las cifras registradas en todo 2025, con más de 1.900 incendios forestales, 22 grandes incendios forestales, más de 108.000 hectáreas quemadas, más de 50 municipios desalojados, más de 16.000 evacuados y 13 fallecidos.

Así pues, advirtió de que el cambio climático favorece incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar al reducir la humedad del suelo y secar la vegetación. Asimismo, subrayó que el humo y las cenizas constituyen una amenaza creciente para la salud pública, al agravar patologías respiratorias, cardiovasculares y problemas de salud mental.

Entre sus demandas, Greenpeace reclamó a los grupos políticos la aprobación de un Pacto de Estado frente a la emergencia climática y los incendios forestales, y pidió al Gobierno una estrategia estatal centrada en la prevención de igniciones, con más investigación, vigilancia y recursos.

Además, solicitó una inversión mínima de 1.000 millones de euros anuales para la gestión forestal y medidas de restauración de los ecosistemas afectados.