Greenpeace hizo esta consideración al difundir el informe ‘Estamos fallando a la naturaleza. Cómo Europa está destruyendo la vida y la biodiversidad’ mientras la Cumbre del Clima de Sharm el Sheij (Egipto) -conocida como COP27- dedica su jornada de hoy a la biodiversidad.

El informe muestra casos de 13 países europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Suecia y Suiza) con “situaciones alarmantes de pérdidas de biodiversidad”.

Esos casos reflejan contaminación de recursos hídricos en Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca y Alemania; la tala desenfrenada de bosques de alto valor ambiental en Alemania, Polonia, Rumanía y Suecia; los planes de mataderos que ponen en peligro los recursos hídricos de Suiza; la contaminación por nitrógeno de la ganadería en Países Bajos; la destrucción de espacios verdes urbanos en Bélgica, y la contaminación del Mar Menor, en España.

Esos ejemplos incumplen “de forma flagrante” las recomendaciones del Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad, la Directiva Marco del Agua, la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, la Directiva de Hábitats sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, la Red Natura 2000, etc.

Por ejemplo, la corrupción y la tala ilegal han destruido el 50% de los bosques Cárpatos (solo en Rumania y los Cárpatos abarcan ocho países de la UE) que es una de sus zonas boscosas más valiosas y de las regiones más protegidas de la Europa comunitaria.

MAR MENOR

El caso de España se centra en El Mar Menor, que se ha convertido en el paradigma de los males que sufre el medioambiente. Se trata de la mayor laguna salada europea y está protegida por hasta 10 programas de protección medioambiental oficiales, entre ellos la Red Natura 2000 o el Convenio de Ramsar, por su importancia internacional como humedal.

El Mar Menor está reconocido como una zona de profunda importancia ecológica, geológica y medioambiental. Alberga una rica biodiversidad de aves y especies marinas y terrestres. “Sin embargo, a pesar de estas protecciones, esta preciosa laguna está casi muerta. El impacto de la agricultura y el urbanismo desenfrenado están acabando con la biodiversidad de la zona, y por tanto con el turismo”, según Greenpeace.

“El problema no son los objetivos ambiciosos ni la normativa, sino la falta de implementación y cumplimiento, así como de prioridad política. A pesar de los discursos grandilocuentes de la UE, los casos que mostramos en el informe incumplen estrategias y directivas europeas de forma flagrante. Se supone que los Estados miembro de la UE lideran la lucha contra la crisis climática y la biodiversidad. ¿Cómo puede la UE exigir al resto del mundo que tome medidas?”, recalcó Mónica Parrilla, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España.

DEFORESTACIÓN TROPICAL

Por otro lado, Greenpeace apuntó que “la UE no tiene credibilidad para abordar el problema de la deforestación tropical”, puesto que el consumo actual es tan elevado que los propios recursos europeos resultan insuficientes, de esta manera que productos como la carne, el aceite de palma y la soja (utilizados principalmente para la alimentación animal) convierten a la Unión Europea en responsable de un 16% de la deforestación tropical, y ninguna de las más de 400 empresas que abastecen a Europa han cumplido su promesa de poner fin a su contribución a la deforestación para 2020.

“La huella ecológica de Europa supera ampliamente los límites de la sostenibilidad, dentro de los cuales la humanidad puede vivir con seguridad”, según Greenpeace.

Los estudios han identificado nueve límites planetarios y, de ellos, seis han sido sobrepasados en Europa: cambio climático, alteración de los ciclos globales de fósforo y nitrógeno, tasa de pérdida de biodiversidad, cambios en la disponibilidad del ‘agua verde’, cambio de uso de suelo y contaminación química, plástica y otras sustancias.

Greenpeace instó a los gobiernos europeos para que apoyen un acuerdo global que incluya objetivos estrictos y vinculantes para proteger al menos un 30% de la tierra y los océanos para 2030 a más tardar, al tiempo que reconozca los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y asegure la financiación adecuada no solo para las medidas de conservación, sino que deje de dar subsidios a las industrias destructivas.