La ley declararía de "interés regional" las infraestructuras que se proyectn para gestionar todo tipo de residuos. De esta forma, centralizaría todas la competencias en la Junta de Castilla y León, desde su autorización hasta el control medioambiental, sin posibilidad de recurso, excluyendo de forma antidemocrática la participación pública, según Greenpeace.