La sentencia condenó a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía por conceder subvenciones a las prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo concedidas de manera arbitraria y fraudulenta. Junto a Griñán, condenado por malversación y prevaricación continuadas, el máximo dirigente condenado fue el también expresidente Manuel Chaves, que estará inhabilitado durante nueve años por prevaricar.

El incidente presentado ante la Sala Segunda en contra de la sentencia que resolvía los recursos esgrime la presunta violación del principio de presunción de inocencia puesto que el TS adelantó el fallo el 26 de julio y difundió el texto completo el 14 de septiembre, por lo que consideran que la sentencia “sin fundamento”.

Además, esgrime que el Supremo no ha respondido a dos de los motivos mencionados en el recurso de casación y que se han producido dilaciones indebidas en el trámite de resolución de dicho recurso, al tiempo que se agarra al voto particular formulado por dos de los cinco miembros del tribunal contrarios a la tipificación de los delitos atribuidos a Griñán.

En ese sentido, los votos discrepantes abogaban por no aplicar el delito de malversación a quienes intervinieron en el trámite de aprobación de los presupuestos pero sin conocer ni participar en el mecanismo de reparto de los fondos (caso de Griñán) y aquellos responsables de la Consejería de Empleo, que fueron los directos responsables del reparto de las subvenciones.

Entiende la defensa de Griñán que a tenor de ese argumento se produjo una vulneración del principio de presunción de inocencia y que la sentencia del Supremo más que revisar la dictada por la Audiencia de Sevilla, “completa los vacíos” argumentativos de la misma y “va más allá” de las funciones que tiene atribuidas justificando la sentencia condenatoria.

En consecuencia, los abogados de Griñán piden la nulidad de la sentencia del Supremo o, en su caso, una “moderación” de las penas impuestas, al tiempo que solicitan la suspensión de la ejecución de la pena que supondría el ingreso en prisión del expresidente andaluz.

Cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, a Griñán sólo le quedará recurrir al Tribunal Constitucional en amparo para lograr la suspensión de la pena. En paralelo, familiares, amigos y compañeros de partido del expresidente ha impulsado una petición de indulto al Gobierno fundamentada en “razones de humanidad y equidad”, puesto que el condenado tiene 76 años y una larga trayectoria de servicio público.