El ex ministro Sáenz Cosculluela, presidente de la Comisión de Justicia e Interior, tiene preparada una proposición no de ley sobre este asunto desde mayo del año pasado, pero todavía no ha recibido una respuesta positiva por parte de la dirección de su grupo.

Tras dnunciar hace unos días la intromisión en la vida política de algunos jueces y acusar a la judicatura de no haber hecho todavía la transición a la democracia, Cosculluela anunció que iba a reactivar su propuesta de reforma procesal, que si prosperara supondría reducir el papel de los jueces a la calificación y valoración de los hechos y las pruebas.

La proposición insta al Ejecutivo a enviar antes de seis meses al Parlamento un proyecto de nueva ley de enjuiciamiento criminal que desarrolle tres reforms: la primera, que los fiscales instruyan el procedimiento penal; la segunda, reservar a los jueces y magistrados la exclusiva función de juzgar, hacer ejecutar lo juzgado y adoptar o autorizar las medidas cautelares y de garantías, y la tercera, dirigida a reforzar la oralidad del proceso penal.

Cosculluela ha reconocido que dentro del Grupo Socialista existen "inercias y resistencias" para proponer unas medidas de reforma procesal de tanto calado como la que él propone.