El texto promovido por Vox señalaba que las políticas del Gobierno liderado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz “han perjudicado gravemente a las mujeres en este ámbito”. En este punto recuerda que en 2023 fueron asesinadas 58 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, “el dato más alto desde 2015”.

A juicio de este partido, las “inversiones multimillonarias” del Ejecutivo en políticas de igualdad “no han tenido efecto positivo alguno en la seguridad y la protección de la alud de las mujeres” y deplora que la ley del ‘sólo sí es sí’ “resultó en la excarcelación, hasta el día de hoy, de 126 violadores, pederastas y criminales sexuales y la rebaja de penas a 1233”.

La formación de Santiago Abascal denuncia también en este texto que las menores tuteladas en la Comunidad Valenciana y Baleares fueron “abandonadas por gobiernos del PSOE” que “prefirieron protegerse a sí mismos a protegerlas a ellas y denunciar y atajar situaciones de abusos sistemáticos y conocidos”.

Además, alerta de los efectos de las políticas de “efecto llamada a la inmigración ilegal” que, junto con la “falta de medios” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “han provocado el aumento brutal de delitos sexuales apenas conocidos en España hasta hace unos años”.

También señala que las políticas trans, bajo el principio de la autodeterminación de género, “difuminan la identidad de las mujeres con consecuencias prácticas como la intromisión de hombres en competiciones deportivas, en concursos de oposición para el acceso a la función pública o en espacios íntimos que tienen que compartir, como vestuarios o baños”.

Por todo ello, frente a la “utilización, difuminado y abandono de las necesidades reales de las mujeres” Vox proponía con esta declaración que el Senado exigiera “un cambio urgente y contundente” en las políticas relacionadas con la protección de la vida y el bienestar de las mujeres.

Proponía también que se identificara a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del ‘sólo sí es sí’, “estableciendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres”, así como “demandar responsabilidades a los partidos y las personas que han colaborado en la puesta en libertad de esos criminales sexuales”.

Entre otras muchas exigencias, se proponía que el Senado pidiera la eliminación del Ministerio de Igualdad y “de todos los entes, organismos, observatorios y programas de subvenciones a asociaciones radicales que viven del enfrentamiento social, el adoctrinamiento a menores, despilfarrando el dinero público que se necesita para mejorar la vida de todos los españoles”.