En el documento se detalla que se han detectado "temperaturas de trabajo anormales por la incineración de residuos" y, por tanto, cuestiona la veracidad de los niveles de calor detallados por la quema de residuos entre los años 2017 y 2022.

Tras examinar durante meses la documentación que obtuvo en un registro en la incineradora el pasado mayo, la Guardia Civil ha redactado un informe en el que cuestiona la veracidad de los datos facilitados por la empresa que presidía Eloi Badía, exconcejal de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona, quien en la actualidad es diputado en el Congreso de los Diputados por Sumar.

El documento del Seprona argumenta que “no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se produzcan de forma tal que aseguren la destrucción de contaminantes”. Uno de ellos, las dioxinas, es un contaminante potencialmente cancerígeno, y el hecho de no superar el umbral de temperatura establecido implicaría un riesgo de emisión de residuos tóxicos a la ciudadanía.

El informe menciona investigaciones que respaldan la afirmación de que las personas que residen en las proximidades de incineradoras experimentan efectos adversos en su salud, como un aumento en la incidencia de cáncer y un aumento en las tasas de mortalidad relacionada con esta enfermedad, entre otros problemas de salud.

Según la Guardia Civil, resulta poco creíble la idea de que se haya incinerado basura en los tres hornos de la fábrica utilizando temperaturas extremas de calor y frío, tal como indican los registros de Tersa. Se argumenta que es poco plausible que los rechazos se hayan descompuesto en un rango tan amplio de temperaturas, que va desde 4.000 a 9.900 grados. Añade que "actualmente no es posible justificar el valor de temperaturas por encima de los 2.400 grados con termopares", medidores industriales.

La plataforma vecinal Airenet, creada con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre la contaminación medioambiental que provocan las industrias y las infraestructuras de servicios ubicadas en el frente litoral de Barcelona, asegura que el informe de la Guardia Civil sobre la incineradora Tersa acredita sus denuncias desde hace más de 6 años.

Reiteran que “la planta de tratamiento de residuos manipula los datos de emisiones de sustancias cancerígenas que debería controlar la Generalitat”. La plataforma vecinal denuncia que “esta incineradora pública trabaja por encima de las temperaturas que marca la ley y pone en riesgo la salud de los ciudadanos”. Airenet se ha personado como acusación particular del proceso judicial contra Tersa y lamentan “la opacidad de Tersa”, reclamando tanto a la planta como a la administración pública que “escuchen las demandas de los ciudadanos que se sienten atemorizados por las consecuencias perjudiciales para su salud”.