Según informó el Ministerio del Interior, en el marco de una operación denominada ‘Frater’, dirigida por la Fiscalía Antidroga de Cádiz, se detuvo a 11 personas por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal; y se detectó un patrimonio blanqueado de 3.260.000 euros.

Las pesquisas se iniciaron tras vincular a uno de los investigados con una sociedad dedicada a comprar motores para su instalación en embarcaciones rápidas de las utilizadas habitualmente para introducir hachís en la península procedente del norte del continente africano. En consecuencia, el Juzgado nº. 2 de Barbate decretó su ingreso en prisión provisional.

A mediados de 2021, se supo de la existencia de otras dos sociedades que, con idéntico modus operandi a la anterior, adquirían motores náuticos para igualmente ser utilizados en el ámbito del narcotráfico. Además, se descubrió que el administrador de una de ellas era un abogado con despacho profesional en la localidad de Barbate (Cádiz), que mantenía una estrecha relación personal con el que fuera administrador de la primera empresa citada.

Estas sociedades se dedicaban, supuestamente, a la venta de material náutico, sin embargo, no poseían un local de negocio donde exponer o vender sus productos, ni los administradores de las mismas tenían experiencia alguna en el sector.

Del análisis de la actividad financiera de los investigados, se obtuvieron vínculos claros y sospechas de la utilización de los titulares como testaferros, para el blanqueo de capitales. De hecho, las tres sociedades recibieron casi un millón de euros cada una en efectivo.

Una vez que el dinero se introducía en el sistema financiero, y era transferido de una sociedad a otra para complicar su rastreo, lo empleaban para pagar motores que adquirían a empresas ubicadas en Dubái, y que al recibirlos se entregaban a los compradores reales, que de esta forma no dejaban huella alguna.