Según relató en el juicio por la supuesta trama corrupta de Ábalos, Aldama y el exasesor ministerial Koldo García, el empresario subía y entraba por el ascensor del ministro “sin pedir permiso de nadie”. Con frecuencia “iba acompañado de personas, pero como tenía autorización para pasar no nos fijábamos en quién iba con él”, remachó.

Estas afirmaciones coinciden con lo declarado minutos antes por la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, quien relató que en algunas ocasiones se encontró a Koldo García y a Víctor de Aldama en el despacho del ministro incluso cuando éste no estaba.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera a este agente una “pieza clave en la gestión de los contratos investigados”. Estaba destinado a la seguridad del Ministerio de Transportes y la Fiscalía considera que pudo tener “influencia sobre personal vinculado al Ministerio de Transportes y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados”.

Rodríguez negó con rotundidad ser la persona que puso en contacto a Aldama con alguien del Ministerio de Transportes para la gestión de los contratos. “Lo niego, rotundamente incierto”, sentenció, antes de insistir en que nunca formó parte de “ninguna negociación”.

Preguntado por como percibía a Koldo García, el testigo dijo que “el señor Koldo era una persona respetable. En lo que yo he podido ver, me pareció una persona absolutamente estresada, muy volcada en su trabajo y muy amable”.

También compareció esta tarde Francisco Toledo Lobo, expresidente de Puertos del Estado, quien declaró que durante la pandemia "se entregaron las mascarillas en una situación muy tremenda" y reconoció que en otros puntos de la Administración hubo “incumplimientos”.

Con la distancia que proporciona el tiempo pasado desde la pandemia de covid-19, el expresidente de Puertos del Estado concluyó que el precio pagado por las mascarillas entonces fue bueno: "Era un precio de mercado".

Las preguntas de la abogada de Koldo García a este testigo fueron dirigidas a probar que la contratación con Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al comisionista Víctor de Aldama, fue correcta y que proporcionó material de calidad y a un precio ajustado.

También estaba citado a declarar este miércoles el empresario Íñigo Rotaeche Lachiondo, propietario de Soluciones de Gestión, que decidió no responder a ninguna pregunta por estar imputado en la causa que instruye la Audiencia Nacional.