Según informó este lunes la Guardia Civil, se ha investigado a una persona como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. Asimismo, los agentes han investigado a un varón y una mujer como presuntos autores de tráfico de especies protegidas, al ser los vendedores de los animales.

La investigación se inició, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible existencia de dos linces en una propiedad del municipio de Santiurde de Toranzo (Cantabria). El propietario de estos felinos estaría incluso sacándolos a pasear por zonas públicas.

Tras varias comprobaciones de los agentes, localizaron una jaula ubicada en el jardín de una vivienda, lugar donde se encontraban los linces de la especie ‘Caracal caracal’. Esta especie se encuentra incluida como especie protegida dentro del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre (CITES).

Por tal motivo, los agentes solicitaron al propietario de los linces diversa documentación pudiendo comprobar que no acreditaba su legítima tenencia, al no poseer el permiso de importación CITES o certificado de cría en cautividad, entre otras irregularidades.

VENTA ILEGAL

Continuando con las investigaciones, los agentes pusieron en conocimiento de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, las irregularidades en el comercio de especies protegidas, así como una infracción a la ley de reprensión del contrabando.

Posteriormente, los agentes constataron que dichos animales habían sido vendidos en un establecimiento de la provincia de Toledo por lo que componentes del Seprona se desplazaron hasta el lugar.

Una vez allí, pudieron verificar que los linces habían sido vendidos sin factura y sin los documentos que acreditaban su legal procedencia, por lo que se procedió a instruir diligencias en calidad de investigados a los responsables del establecimiento, como presuntos autores de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, por tráfico de especies protegidas.