Así lo confirmó este lunes el Instituto Armado en un comunicado, en el que detallo que la investigación se inició tras la recepción de diversas denuncias formuladas por responsables de varias empresas dedicadas a la construcción y explotación de instalaciones fotovoltaicas. En ellas, alertaban de reiteradas sustracciones de cableado solar y de cobre de línea de tierra, así como de importantes daños ocasionados en las infraestructuras mediante el corte de vallados perimetrales y la destrucción de instalaciones eléctricas.

Durante la investigación, la Guardia Civil realizó inspecciones en diversos centros de gestión de residuos metálicos, análisis documentales de ventas de cobre, inspecciones en las plantas afectadas, comparativas periciales de material recuperado y numerosas vigilancias operativas. Como resultado de las mismas, los agentes interceptaron a varios de los investigados cuando se disponían a comercializar dos toneladas de cobre limpio. Esto permitió la recuperación de parte del material sustraído y reducir el "importante perjuicio económico" ocasionado por la actividad delictiva.

Y es que el informe pericial elaborado por una de las empresas afectadas permitió cuantificar el perjuicio económico ocasionado por las sustracciones. Los daños provocados en las instalaciones y los costes de reposición, que ascienden a más de 303.000 euros, afectaban al desarrollo y puesta en funcionamiento de una infraestructura estratégica de generación de energía renovable.

Hasta el momento, los agentes han podido esclarecer la sustracción de 111.266 metros de cableado solar y 2.410 metros de cable de cobre desnudo, así como recuperar diferentes partidas de material sustraído, entre las que destacan dos toneladas de cobre y 250 kilos de cable solar estañado.

Los autores actuaban durante la noche, accediendo a las instalaciones tras fracturar los cerramientos perimetrales. Antes de acceder, neutralizaban o inutilizaban los sistemas de seguridad de las plantas fotovoltaicas y, una vez en el interior, cortaban grandes cantidades de cableado solar y cable de tierra, lo trasladaban a lugares seguros y le retiraban las cubiertas plásticas para incrementar el valor del cobre antes de venderlo en diferentes centros de recuperación de metales.

AMENAZAS

Durante la investigación también se esclareció un episodio de presuntas coacciones e intimidaciones. Según los indicios, dos de los investigados habrían accedido violentamente al domicilio de uno de los implicados para exigirle que asumiera en exclusiva la responsabilidad de los robos, amenazándole de muerte con el objetivo de alterar el desarrollo de la investigación policial.

A los detenidos se les imputan los delitos de robo con fuerza en las cosas, receptación, pertenencia a grupo criminal, allanamiento de morada, lesiones, amenazas y defraudación de fluido eléctrico. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, el juez decretó el ingreso en prisión provisional de dos de los cuatro detenidos.