“Lean el acuerdo, palabra por palabra, profundicen. Este Gobierno jamás va a incumplir la ley. Este acuerdo es la base de la estabilidad, es el fundamento sobre el que se construirá esta legislatura. Y por eso es un acuerdo bueno para todos los extremeños”, dijo ante el Pleno de la Asamblea en la primera jornada del debate de investidura.

La dirigente del PP no verbalizó el concepto de prioridad nacional a viva voz. “No voy a entrar en eso, ni es el momento ni merece la pena”. Pero sí remarcó que “la prioridad es el interés general” de Extremadura.

En concreto, el acuerdo establece que la concesión de vivienda, ayudas y subvenciones públicas con el nuevo Gobierno de PP y Vox se “inspirará" en el principio de “prioridad nacional”, que premiará el “empadronamiento histórico en Extremadura”, “la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”, “la trayectoria de cotización y actividad laboral”, “la existencia de familiares de primer grado residiendo” en la comunidad, “así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.

En otras palabras, la “prioridad nacional” no aparece desarrollada como una preferencia explícita por la nacionalidad española en sentido estricto. Por el contrario, se articula como una etiqueta –exigida por Vox y aceptada por el PP– que, en realidad, beneficia a quienes puedan acreditar un arraigo “real, duradero y verificable” con Extremadura, no con España, según el propio acuerdo.

Vox, sin embargo, insiste en que “los españoles irán primero” y tendrá en su mano hacerlo, puesto que tendrá las competencias de servicios sociales, haciéndose cargo de muchas de estas ayudas. En el PP, en cambio, dicen que cualquier baremo para la concesión de dichas ayudas debe contar con el visto bueno del Consejo de Gobierno dirigido por Guardiola y, a su vez, cumplir con la cláusula establecida en el pacto, que exige que cualquier decisión se ajuste a la legislación vigente.