Tras informar de que la libertad de elección no incluye a los anestesistas ni a los especialistas en Anatomía Patológica, afirmó que espera que tenga un rápido desarrollo reglamentario, tras ser aprobada en la Asamblea de Madrid, y que pueda ser efectivo ese derecho cuanto antes.

Explicó que ha mantenido contactos con los representantes sindicales, porque estaban preocupados por las consecuencias que podría tener esta futura ley sobre el cómputo de las horas de liberación sindical y sobre el número de liberados.

Dijo que está dispuesto a hablar de este asunto con los sindicatos, aunque señaló que parece "excesivo" que haya 1,4 millones de horas de liberación sindical en la sanidad publica, "sobre todo en tiempo de crisis".

Indicó que esa cantidad es el equivalente a 918 empleados públicos liberados a tiempo completo y señaló tiene un coste de 30 millones de euros.

Preguntado si se podrían producir colapsos en alguna consulta de un determinado facultativo que sea solicitado por muchos pacientes, dijo que en el anteproyecto se establecen "cautelas y se da importancia al juicio del propio facultativo, en la administración de su trabajo".

Güemes, que hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, también se refirió a un informe de la Inspección de Trabajo en el que se denuncia que falta personal y material básico en los nuevos hospitales.

Señaló que ese documento no ha llegado a su departamento y destacó que, "por equivocación, se ha remitido antes a El País".