Guilarte critica duramente el carácter político de la norma y pone el foco en que tras la “pretensión pacificadora de la sociedad catalana” que esgrime el Gobierno, se omite que la ley responde a “mutuas contraprestaciones” entre PSOE y Junts para que saliera adelante la investidura de Pedro Sánchez.

La propuesta Ley de Amnistía, explica Guilarte, tiene un “evidente componente político” por lo que considera “prudente mantener una cierta neutralidad” en línea con su idea de que el “Poder Judicial debe abstenerse de intervenir en cuestiones políticas sin perjuicio de las consecuencias que sus decisiones jurisdiccionales puedan tener en tal ámbito”.

El presidente entiende que intentar soslayar esta realidad “resulta absurdo”. Así, reconoce que el contenido del informe solicitado por el Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta, “no ha defraudado”, tras ser refrendado por la mayoría conservadora del CGPJ. En este punto, Guilarte aprovecha para volver a pedir la renovación del Consejo.

Explica que con su voto en blanco pretendió ofrecer un “posicionamiento neutral” sobre la constitucionalidad de una ley que tiene “fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos”. Y asegura que tomó esta posición asumiendo “los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros”.

Recuerda el presidente del CGPJ que la norma es fruto de una condición “contractual onerosa” para lograr el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Por eso entiende que “a diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido, la que nos ocupa no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo sino que tiene contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables”.

El presidente del CGPJ aventura que de haberse limitado el análisis de la ley a su articulado sin entrar en el debate sobre su constitucionalidad, “se habría conseguido aprobar un único Informe” que obedeciera a “una lógica jurídica en la que prácticamente todos habríamos estado de acuerdo”, pero “la polaridad que nos acosa lo ha impedido”.

Insiste Guilarte en que el hecho de que la ley de amnistía sea fruto de un acuerdo para lograr la investidura ha propiciado que el debate sobre su constitucionalidad “quede un tanto desvirtuado” y alerta sobre la creación de comisiones parlamentarias de investigación que eventualmente puedan responsabilizar a los jueces de persecución judicial al adversario político o ‘lawfare’, “lo que a todas luces es contrario a la independencia judicial y a la división de poderes”.

El citado informe que resultó aprobado fue el propuesto por el vocal conservador Wenceslao Olea, que se impuso al presentado por la progresista Mar Cabrejas, por lo que será ese informe el que se remita al Senado.